Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel.
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Notas para el debate
BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS AGRÍCOLAS
MIGRANTES: ACCIONES GUBERNAMENTALES Y DE LAS
EMPRESAS AGROEXPORTADORAS
Social Welfare of Migrant Agricultural Families: Governmental Actions and
Commodities Companies
Teresa Rojas Rangel “[…] cuando la migración no es movimiento progresivo, sino resultado de una catástrofe social, no es posible normalizarla ni dignificarla. Se pueden atenuar los dolores, pero el remedio de fondo está en otra parte, en atacar las causas de la expulsión y no sólo los efectos” (Armando Bartra, “Dislocados” en La Jornada. Migración. México, 2 de julio del 2008). Resumen n México, se adolece de una verdadera política pública integral que permita dignificar las condiciones de vida de las familias jornaleras agrícolas migrantes y, en su lugar, se instrumentan un sin número de programas sociales de corte asistencial, cuyos resultados, poco han podido contrarrestar las condiciones de pobreza y desigualdad en las que viven estas familias. Por otra parte, las empresas agroexportadoras ante las exigencias impuestas por la competencia en el mercado internacional, se han visto obligadas a invertir en infraestructura y al otorgamiento de algunos servicios sociales, particularmente educativos y de promoción de salud para los jornaleros y sus familias, acciones que en sí mismas representan una garantía para incrementar su rentabilidad. Dentro de este contexto, en este artículo se presenta un análisis sobre los cambios más recientes en la política social y en las acciones gubernamentales y empresariales dirigidas hacia el bienestar social de las familias agrícolas migrantes. Quienes no obstante estos cambios y acciones, permanecen al margen del ejercicio de sus derechos fundamentales como son la salud, la educación y el trabajo decente. E Teresa Rojas Rangel Docente-Investigadora de la Universidad Pedagógica NacionalAjusco. Maestra en Planeación y Desarrollo Educativo por la UAM-X y Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Entre sus publicaciones recientes se encuentra: “Migración, trabajo y educación: las y los niños recolectores de café en Puebla” en Revista Entre Maestros. Vol. 12 Núm. 41, Verano, 2012, México, UPN, pp. 34-43; Inequidades. La educación primaria de niñas y niños jornaleros migrantes. Horizontes educativos, Docencia, 2011, México, UPN. E-mail: tererojas10@yahoo.com Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 36 Notas para el debate Palabras claves: Migración interna, bienestar social, Estado, familias jornaleras, empresas agroexportadoras. Abstract: In Mexico, a comprehensive Public Policy attending the amelioration of condition of life of the migrant farm worker’s families is missing. Instead, the State had orchestrated a number of social welfare programs that has been insufficient to reverse the condition of poverty and inequality characteristic of these laborers and their families. On the other hand, the requirements imposed to local companies by the competition in the international market, force them to invest in infrastructure and to offer the provision of some social services, particularly in health an education. These measures are taken in order to guarantee the increase of profitability. In this context, this article presents an analysis of the most recent changes in Social Policy and government and business actions oriented to the welfare of agricultural migrant workers and their families. Even with these changes, however, the migrant workers and their families remain excluded of the exercise of fundamental rights as health, education and decent employment. Key words: Internal Migration, Welfare, State, Migrant Agricultural Families, Commodities Companies. Presentación Durante la última década en México, la migración rural-rural vinculada al mercado de trabajo agrícola presenta cambios significativos. En primera instancia, podemos señalar variaciones asociadas al rápido y progresivo aumento de la población rural e indígena incorporada a los diversos flujos y rutas migratorias. Esta situación se encuentra relacionada a la creciente precarización de las condiciones de vida y trabajo en sus zonas y comunidades de origen. Como segunda instancia, podemos mencionar los procesos de reestructuración productiva y los mecanismos de reorganización realizados por las empresas agrícolas para poder enfrentar las exigencias de la productividad y la competitividad en el mercado internacional. El tercer tipo de cambios está relacionado al impacto generado por las actuales reorientaciones de las políticas públicas y las acciones gubernamentales dirigidas hacia la población jornalera agrícola migrante y al sector agrícola empresarial. El propósito de este artículo es presentar cómo se expresan estos cambios, particularmente, los que tienen que ver con el progresivo adelgazamiento de las Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 37 Notas para el debate funciones del Estado ante el bienestar social de los trabajadores estacionales del campo y sus familias, en las zonas de destino migratorio. Cuestiones que se pueden observar a través del análisis de las directrices de las políticas sociales y en las acciones de los programas gubernamentales para la atención de este sector de la población nacional, como en las diversas estrategias que instrumentan algunas empresas agroexportadoras ante las necesidades crecientes por certificar sus productos como resultado de las presiones que le impone la competencia en el mercado internacional. En este trabajo se presentan una serie de hipótesis provisionales, que requieren de un desarrollo más profundo, el cual se está realizando mediante una investigación más amplia, donde se abordan distintos ejes de análisis vinculados con el mercado de trabajo agrícola y la exclusión social de los jornaleros agrícolas migrantes en México. En términos metodológicos, el enfoque que se utiliza en esta investigación es la hermenéutica. Entendida como un proceso de interpretación de la(s) realidad(es) social(es), donde el conocimiento se construye a través de la mirada, el sentir, y el pensar de los otros como partícipes y protagonistas de la realidad investigada. Para realizar el análisis, se recuperan las voces de algunos los principales actores involucrados con la problemática en estudio, recopiladas a través de entrevistas directas con jornaleros agrícolas migrantes, funcionarios públicos, gestores de programas sociales, y diversos agentes directamente relacionados con las empresas agrícolas en el estado de Sinaloa, principal entidad de atracción de fuerza de trabajo jornalera agrícola migrante, y en el estado de Guerrero, región que hoy registra la mayor tasa de expulsión de población que se incorpora a la migración interna rural-rural y al mercado de trabajo agrícola en el país.1 Las familias agrícolas migrantes En las últimas décadas, el desempleo y la precarización creciente en las condiciones de vida en los estados más pobres del país (Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre las entidades 1 Los datos empíricos que son recuperados para la formulación de este artículo, son resultado de la recopilación de información y trabajo de campo realizado durante el periodo 2008-2010, en el marco de la investigación Los jornaleros agrícolas: migración, mercados de trabajo y acciones gubernamentales en Sinaloa y Guerrero, que fue presentada como Tesis de Doctorado en la Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Rojas, 2010). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 38 Notas para el debate federativas con los más bajos índices de desarrollo), han forzado a cientos de miles de familias rurales e indígenas, a migrar hacia zonas rurales con mayor desarrollo económico, con la finalidad de incorporarse al mercado de trabajo agrícola. Según datos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) existen en el país 70 zonas agrícolas, que por sus características productivas, demandan una alta proporción de fuerza de trabajo jornalera estacional (Sedesol, 2006). Se estima que en el país hay dos millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas que, sumados a los miembros de sus familias, constituirían una población “de más de nueve millones de personas en hogares jornaleros (9 206 429 personas con un promedio de 4.51 personas por hogar jornalero)” (SEDESOL-ENJO, 2010: s/p). Los jornaleros migrantes y sus familias son sujetos económicos con una alta capacidad productiva por su continua participación en las actividades en el campo (Ortega, Castañeda y Sariego, 2007). Son una mano de obra especializada que es explotada como parte del proceso de acumulación de capital de la empresa agrícola (Lara, 2003; Sánchez, 2007; 2008). Las familias jornaleras migrantes viven en condiciones absolutamente precarias (vivienda, salud, alimentación, educación) y sobreviven explotados enfrentando de manera cotidiana a la discriminación, el racismo; y la violación recurrente a sus derechos sociales, jurídicos y políticos. La fuerza de trabajo de estas familias representa una mercancía (Astorga, 1985), y un medio más (tierra, agua y renta del capital) para la expansión y acumulación del capital agrícola. Y no obstante, la importancia estratégica que tiene su mano de obra para la agricultura mexicana (Ortega et al., 2007), es un sector de la población que sigue excluido y al margen de los beneficios sociales. La gente sabe que no hay nada, nada de por acá. Migra mucho la gente y lo estamos pasando mal. Y llegamos, el lugar donde estamos sudando, migrando y lo estamos pasando igual. Lo estamos pasando igual pues, por ser indígenas que nosotros no sabemos. Nos maltratan los patrones, y a veces te manda esa agua, a veces no te manda agua con pipa de esa sucia, a veces no se lava la pipa. Allá los campamentos donde te lleva, te regañan feo pues. Los patrones hacen lo que ellos quieren (…) pues ya es tiempo que los niños migran mucho también. Entonces el padre de familia va a buscar lo que se pueda, a piscarle o a lo que sea (Guzmán, 2008). Existen en México un mínimo de 434 961 familias en permanente movimiento entre las zonas de origen y las zonas receptoras. Estas familias, conforman un grupo heterogéneo, Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 39 Notas para el debate es población joven, en su gran mayoría no mayor de los 30 años. Por grupos de edad, el 36.6 por ciento son menores de edad entre 0 y 15 años, el 32.7 por ciento tiene entre 16 y 30 años, el 21.1 por ciento de 31 a 50 años, el 8.3 por ciento de 51 a 80 años (1.3 por ciento no proporcionaran información). Migran en una mayor proporción los varones (54.6 por ciento) frente a las mujeres (44.1 por ciento) (SEDESOL, 2010). Según esta misma fuente oficial, se estima una participación a nivel nacional de un 40 por ciento de población indígena dentro de los contingentes migratorios (SEDESOL-ENJO, 2010: s/p), aunque en algunas regiones de atracción, esta proporción se eleva considerablemente.2 Presentan altos índices de analfabetismo; viven en condiciones insalubres y en hacinamiento; con falta de servicios básicos y de protección social tanto en sus comunidades de origen como en las zonas de destino; están atrapados en mecanismos informales de trabajo (acuerdos verbales a través de los terceros y pago a destajo), existen diferentes sistemas de intermediarios que ejercen diversos mecanismos de control económico y social tanto en las comunidades de origen como en los albergues donde se concentran; la segregación y la segmentación del mercado de trabajo agrícola los ubica en los eslabones más bajos y en condiciones de semiexclavitud (los más afectados son los niños, las niñas, las mujeres y los monolingües en lengua indígena); el aislamiento en el que viven y trabajan les impiden ampliar sus redes sociales más allá de sus comunidades y los campamentos; funcionan al interior de redes de parentesco y paisanaje lo que incide en sus patrones migratorios y formas de inserción laboral; carecen de organizaciones sociales que presionen para hacer cumplir sus derechos (Ortiz, 2007). Los flujos migratorios en los que se insertan estas familias presentan dos características particulares: la primera, es que migran en su mayoría en grupos integrados por comunidades y familias completas, más del 80% viven en hogares familiares nucleares (Cartón de Grammont et al., 2007); y la segunda, es la incorporación prematura e ilegal de sus hijos a las redes del trabajo infantil, como 2 Se reportan altas concentraciones de población indígena de hasta un 70 por ciento en la Costa centro de Nayarit y hasta más de un 80 por ciento en la región lagunera de Coahuila (SEDESOL, 2006:.6). En investigaciones recientes identificamos la presencia de más del 90 por ciento de población indígena en las fincas cafetaleras en el estado de Puebla (Rojas, Rivero, Pérez y Franco, 2011). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 40 Notas para el debate mecanismo de las familias para aumentar sus precarios ingresos: (…) se trata de configuraciones familiares que se establecen ad hoc para migrar. Familias nucleares y extensas, algunas veces acompañadas de otros parientes y paisanos, familias con jefatura femenina, grupos de parientes y paisanos que se unen para migrar, grupos de hombres o de mujeres solas. La mayoría de las veces, dichas familias comparten un techo y hasta el mismo fogón, lo que nos ha llevado a reconsiderar la manera de concebir un hogar o al grupo doméstico, como estructuras flexibles que se adaptan a los procesos migratorios y se recomponen constantemente en su ir y venir (Cartón de Grammont et al., 2007:14). La gran mayoría de estas familias se inserta en los flujos migratorios pendulares.3 Salen de sus comunidades de origen una vez concluido el ciclo de cosecha en sus comunidades de origen (maicero fundamentalmente). Un menor porcentaje decide quedarse a radicar en las zonas de atracción: “Hay “migros” (se refiere a migrantes) que si se quedan. Por la sierra tuvimos una familia que se quedan allá. Porque no hay granos y pa´ venir acá. Ya, si no traís dinero acá. ¿Acá que vas a comer? Mejor prefieres estar allá, trabajando allá y de que vas pasando pus´ pa´ la comida” (Pastrana, 2008). En las zonas de atracción, las familias jornaleras migrantes y asentadas viven hacinadas dentro de los campos agrícolas, en cuarterías o en colonias de reciente creación edificadas en las periferias de los centros productivos, en moradas reducidas (en muchos casos construidas con láminas de cartón), frecuentemente con piso de tierra y sin suficientes servicios médicos y sanitarios. En un campamento de una importante empresa agroexportadora del estado de Sinaloa, donde llegan a instalar hasta quinientas personas, la encargada del bienestar de los trabajadores comenta: “(…) el campo cuenta con cuatro galeras, que vienen siendo las viviendas. Son cuartos de material con techo de lámina. Son cuartos aproximadamente de cuatro por cuatro, con una cortinita de dos por cuatro, eso viene siendo la vivienda de ellos. Son cuatro galerones que constan de veinte cuartos cada uno, aproximadamente cada galerón. Cuentan con un módulo sanitario, que consta de aproximadamente de ocho baños, ocho regaderas y el área de lavaderos (Niebla, 2009). En la mayoría de los campos agrícolas, su trabajo es temporal y a destajo, y las 3 Existe una gran heterogeneidad en cuanto a la duración de las estancias de las familias jornaleras en las zonas de destino, ya que su permanencia en estas regiones depende de la mano de obra requerida por cada cultivo, de las condiciones productivas por temporada agrícola, y de la comercialización de los diferentes productos. Investigaciones recientes de Sara Lara Flores (2008; 2009) y Kim Sánchez (2007; 2008), muestran los encadenamientos que existen entre los diferentes flujos migratorios y los cambios en los tiempos de estacionalidad que están generando a raíz de los procesos de reestructuración productiva, la descentralización territorial, y el incremento de la agricultura protegida que impulsan las grandes empresas agrícolas. Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 41 Notas para el debate contrataciones son verbales. Se emplean en labores que van desde la preparación del terreno, hasta el cuidado, recolección, carga y cosecha de los cultivos en zonas de alta y mediana producción agrícola. El salario es precario y depende de la cantidad de producto que la unidad doméstica recolecte diariamente: (…) el 57 por ciento se emplea en los cultivos de chile y tomate. El 90 por ciento de los jornaleros agrícolas carece de contrato formal; 48.3 por ciento de los jornaleros tiene ingreso de 3 salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos, y el 54. 8 por ciento de los jornaleros están expuestos a productos agroquímicos de forma cotidiana. Del total de jornaleros agrícolas se estima que 727 mil 527 son niños, niñas y adolescentes de los cuales el 60 por ciento están incorporados al trabajo remunerado, realizando otros oficios (10 por ciento) o al trabajo doméstico (30 por ciento)” (SEDESOL-ENJO, 2010:s/p). De manera frecuente, el salario familiar lo cobra el jefe de familia (quien es la única persona reconocida como trabajadora). Existe una organización de la fuerza de trabajo al interior de la propia familia, que en ciertos contextos agrarios, es funcional a la explotación de todos los miembros de la unidad doméstica. El padre o jefe de familia, es responsable capacitar y de regular la participación de la familia al mercado de trabajo, en función de la demanda de mano de obra que se requiere en las diferentes etapas de ciclo productivo (Arroyo, 2001). Un factor importante, que sustenta la flexibilidad laboral del mercado de trabajo agrícola, es la maleabilidad de las configuraciones familiares que se organizan, adaptan y refuncionalizan a las demandas de fuerza de trabajo, lo que facilita una mayor explotación, particularmente de mujeres (Lara, 2003, Canabal, 2006, 2006a, 2007; Barrón 1999, 2007), y de las niñas y los niños que provienen de estas familias (Guerra, 1998; Rodríguez y Corrales, 2000; López, 2002, 2006, Sánchez, 2002; Rojas, 2006; Becerra y et. al., 2007; 2008, Díaz, 2009). El trabajo estacional propio de los ciclos productivos agrícolas, tanto en zonas de origen como en zonas de atracción, no sólo le permite a la empresa disponer de la fuerza de trabajo en la cantidad y en el tiempo que la requiere. Sino que además, la ocupación de las mujeres y los niños le ofrece un mayor control sobre la mano de obra, a la vez que le permite reducir los costos de producción y eludir el precio de reproducción de la fuerza de trabajo. Costos que son asumidos por la propia unidad familiar durante los tiempos que permanecen en sus comunidades de origen y durante los periodos de estancia en los campos agrícolas. Estos trabajadores eventuales del campo y sus familias están sometidos a las lógicas de la flexibilidad laboral intensiva y a la segmentación del Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 42 Notas para el debate mercado de trabajo agrícola (Lara, 2000; Rojas, 2009). Desdibujamiento del Estado y la política social para los jornaleros agrícolas migrantes En el marco de la crisis económica global, el pensamiento crítico en México subraya la crisis política y social, y el severo deterioro, la decadencia y la disolución del Estado en el país (Covarrubias y Botello, 2009; Aziz, 2009; Ávalos, 2009). Este debilitamiento, obedece a un proceso histórico, cuyo origen se remonta al periodo de creación y consolidación del Estado Moderno Mexicano, y que en los últimos 30 años se agudizado paulatinamente debido al fracaso de las reformas neoliberales. Para Aziz Nassif (2009), el deterioro severo que vive el Estado mexicano se debe, entre las principales causas estructurales a: los cambios en las políticas públicas y la pérdida de la capacidad para la toma de decisiones autónomas del Estado, como resultado del proceso de inserción del país al modelo económico global; la fuerte dependencia de la económica nacional frente a los Estados Unidos, que dificulta la construcción de una agenda bilateral para la resolución de algunos de los grandes problemas nacionales, como es el caso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el fenómeno migratorio; la actual política de seguridad pública que criminaliza a los sujetos, genera desconfianza en las instituciones públicas, y debilita la calidad de los lazos sociales; la reconfiguración de los poderes de la República (particularmente en lo que refiere a la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo); el empoderamiento de los poderes fácticos; la carencia de instrumentos institucionales para alcanzar una mayor gobernabilidad; la falta de seguridad y protección ciudadana; los vacios y las malas prácticas de la ley y en la impartición de justicia; y en general, debido a la creciente pérdida de gobernabilidad, estabilidad y democracia con un sistema político cada vez menos legítimo. En este contexto político nacional, el deterioro y adelgazamiento de las funciones del Estado se expresa, entre otras formas, en la carencia de políticas públicas para los sectores más pobres del país. En su lugar, se observa la instrumentación de múltiples programas asistenciales o de “caridad”, incapaces de favorecer el bienestar de los grupos excluidos y marginados de la sociedad. Lo que contribuye al Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 43 Notas para el debate empoderamiento de diversos actores sociales, políticos y económicos (empresas agrícolas, agentes de intermediación, partidos políticos, caciques locales), con intereses particulares, que en la mayoría de los casos luchan por la conservación del status quo. Mientras que el Estado, sólo está preocupado por legitimarse a través de programas sociales, que poco ayudan a contrarrestar las causas estructurales que generan y reproducen la desigualdad económica y social existente, y que tienen a varios sectores de la población viviendo en la explotación, en la exclusión social y en la extrema pobreza. El abandono y la invisibilidad, que sufren las familias agrícolas migrantes por parte del sistema gubernamental, siempre han estado presentes en la historia de la migración interna del país. Sin embargo, como resultado de las crisis económicas y políticas, que acontecen en la actualidad, este abandono e invisibilidad presentan nuevas características. Desde hace más de tres décadas, el Estado mexicano impulsa una política pública asistencial, formalmente orientada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los jornaleros y sus familias, así como, para ampliar la equidad social con este grupo social históricamente vulnerado. Para ello, se han instrumentado diversos programas federales como estatales, con el propósito de favorecer el desarrollo social de esta población (alimentación, salud, educación, vivienda, empleo), tanto en las zonas de atracción como en las de origen, y para mejorar las condiciones en el traslado de las familias migrantes. Esta política asistencial se construye en un paradigma hibrido. Por una parte, conforme a lo establecido en los principios constitucionales vigentes, en el discurso político se reconoce el papel distributivo del Estado y de la política social, en el acceso universal al bienestar de todos los ciudadanos, independientemente del sexo, del origen étnico y social. A la vez que, desde los años 80 como en muchos países de América Latina (Duhau, 2001), en México los programas de bienestar social dirigidos hacia los sectores más desfavorecidos, se instrumentan con un paradigma orientado hacia la focalización y la “compensación de las desventajas”; bajo criterios cuantitativos arbitrarios que califican a los individuos que deben ser asistidos, mediante programas públicos que Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 44 Notas para el debate están normados por la selectividad del gasto social, y desde donde, se pretende dar respuesta a las necesidades elementales de las familias más pobres: El costo social que trajo aparejado el proceso de apertura comercial y de reestructuración del aparato productivo, que se inicia desde principios de los años 80, motivó que la preocupación se desplazara hacia los síntomas de la exclusión. En el contexto de este debate –destinado a redefinir las políticas asistenciales e impulsar el desarrollo de acciones «compensatorias»– el concepto de focalización ocupó un espacio relevante y se convirtió en una herramienta cada vez más ponderada para racionalizar el gasto social (Candía, 1988:1 y 3). En el actual gobierno, cobran especial relevancia los cambios en la política gubernamental, políticamente encauzados a “erradicar el asistencialismo” hacia los jornaleros, y la población indígena en general. El asistencialismo, pretende ser sustituido por una política donde el Estado tiene muy poco margen de acción, y los individuos son los responsables de alcanzar su propio bienestar. Como refiere el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado de Guerrero:4 (…) no más paternalismo, no más asistencialismo, sino que los indígenas lo que requieren es presupuesto para trabajar, para mejorar sus condiciones de vida. De otra manera seguirá siendo una inversión reconocida como un gasto social, más no una inversión para la búsqueda de la productividad de los pueblos indígenas. (…) de que si no hay capacitación técnica para la implementación de los proyectos, tampoco es válido. No se trata de llegar a regalar el dinero, de regalar los insumos o regalar los materiales, sino se trata de dar un acompañamiento técnico especializado para adecuar los proyectos y definir los proyectos de acuerdo a la vocación productiva de la localidad en donde se va hacer (de la Cruz, 2009). En esta concepción política, la pobreza no es reconocida como resultado de la injusta distribución y concentración de los ingresos, sino como producto de la incapacidad de las personas para desplegar sus capacidades productivas. Como señala Emilio Duhau (Duhau, 2001:316), en esta concepción de política social: “(…) ello significa afirmar que la pobreza no se combate a través de mecanismos que busquen redistribuir el ingreso, sino de otros orientados a habilitar a los pobres (brindarles las oportunidades) para que puedan ser productivos.” En este marco político hibrido, varios de los principales programas nacionales para la atención de las familias jornaleras migrantes,5 así como los que se instrumentan 4 El estado de Guerrero, ocupa el primer lugar en expulsión de mano de obra jornalera migrante en el país, con casi 40 000 trabajadores durante la temporada agrícola 2006-2007, de los cuales el 67 por ciento se trasladaron al estado de Sinaloa. (SEDESOL-Guerrero, 2008a). 5 Entre los programas federales vigentes más relevantes para la atención de este segmento del población, destacan: el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) coordinado la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) orientada hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los jornaleros; en cuestiones alimentarias el Programa de Desayunos del Sistema de Desarrollo Integral para el Desarrollo Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 45 Notas para el debate en los estados, presentan transformaciones importantes, en cuanto a los principios políticos que los fundamentan sus líneas de acción y en las funciones que realizan los actores que los operan: (…) antes la atención a los jornaleros podría decir yo que era mejor, porque tratábamos tanto de incorporarlos a los servicios como de que aprendieran a leer y a escribir, como también de involucrarnos con ellos en su cultura, sus problemas, tratar de apoyarlos. Eso ya se ha perdido, ahorita con los modelos que han entrado ha ido cambiado todo. ¿Por qué? Porque ahora te piden más lo que son los números, te presionan más sobre la mesa, y uno deja a un lado muchas cosas, aparte de que no te apoyan, que incluso no hay material (…) (Casemán, 2009). Se ha reducido la canalización de recursos públicos para la infraestructura social y los servicios comunitarios; los subsidios para la vivienda, para la alimentación, para la salud; y demás acciones concretas que los programas venían realizando, y en su lugar se observa una fuerte tendencia hacia la “capacitación” y la “certificación” de capacidades y competencias laborales de los jornaleros, y hacia la instauración de estrategias para apoyar los procesos de certificación empresarial. Reducción del gasto social y las acciones de caridad hacia las familias jornaleras Los propósitos centrales del programa gubernamental más importante para la atención del sector, el Programa de Apoyo para la Atención de los Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se modificaron de manera radical para el año 2009. Los objetivos, y por lo tanto las acciones institucionales, se redujeron considerablemente. El PAJA, dejo de comprometerse con el otorgamiento de apoyos e incentivos para bienes y servicios; la inversión para mejorar las condiciones de vida; y el desarrollo de diagnósticos y generación de datos sobre la población jornalera, y en su lugar se establecieron objetivos ambiguos (incluso en su formulación), orientados hacia la generación de “(…) condiciones para la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades de los jornaleros agrícolas y sus familias”, sin que se especificarán claramente, cómo se lograrían estos objetivos (Diario Oficial de la Federación, Martes 23 de diciembre de 2008). de la familia (DIF); en educación básica el Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Modalidad de Educación Multicultural para la Población Infantil Migrante (MEIPIM) del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); el Programa “Vete Sano y Regresa Sano de la Secretaría de Salud (SSA); y en materia de trabajo el Programa de Movilidad laboral Interna de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 46 Notas para el debate Por más de 20 años, una de las líneas de acción más importante - los programas de apoyo a los jornaleros agrícolas de la SEDESOL (con sus distintos cambios de nombre)- había sido el otorgar subsidios para apoyar el desarrollo de infraestructura social, a fin de mejorar las condiciones de las familias jornaleras migrantes dentro de los albergues (viviendas, comedores, guarderías, aulas y módulos para el otorgamiento de servicios sociales y de salud). La inversión se realizaba mediante una participación corresponsable y proporcional entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los productores agrícolas. Hoy, aunque se mantienen los gastos complementarios de inversión en infraestructura prioritariamente en las zonas de origen de los jornaleros agrícolas, se han cancelado los apoyos financieros para infraestructura que se les otorgaba a los productores agrícolas. Como señala una funcionaria del PAJA: Hay ahí un quiebre en la política hacia los jornaleros frente a las empresas. Cuando el programa empezó en el 89, que arranca en Sinaloa, la visión que se tenía era convencer al productor para trabajar. Que conociera nuestro esquema de promoción social y de trabajo, y casi tuvieron que rogarles a los empresarios para que permitieran una trabajadora social que iba a pagar SEDESOL. (…) hubo como un proceso de convencimiento de incorporación que se fue perdiendo. Porque cuando tú negocias con los productores para que mejoren, hagan mejoras en los espacios donde tienen a los jornaleros, en la negociación, quienes la llevan a cabo, se les pierde el sujeto de atención. Y a partir de esta administración hay un cambio, no les importa trabajar con los productores. […] yo siento que si antes permeaba mucho la preocupación de pelearnos con los productores. Así como que aprendimos que teníamos que tratarlos bien, porque si no, no nos iban a dejar trabajar con los jornaleros y, nos sentíamos así como con los dedos en la puerta. Y en esta administración (…) ellos parten de que prefieren entregar apoyos directos […] y creo que está bien, que hacer mejoras a los albergues (…). Y quizás toda esa lana o ese recurso hubiera estado mejor dándoles despensas, uniformes, becas más directamente al jornalero, que era mi sujeto de atención (Muñoz, 2008). El sistema gubernamental, reconoce como equivocadas las directrices políticas y las estrategias impulsadas por la SEDESOL durante las décadas que llevan operando los programas de atención a los jornaleros agrícolas: “(…) sí había una meta política de contener este sector de jornaleros y de generar una visión de política social hacia el sector. Pero en esa pinza, que era apoyar a los productores para lograr como un subsidio indirecto, y lograr que se mejoren sus condiciones de servicios, de vivienda, pues vas a tener en mejores condiciones a los jornaleros, pero finalmente, la responsabilidad era de los productores en un cien por ciento” (Muñoz, 2008). Desde la voz de las organizaciones de los productores agrícolas, los supuestos que se esgrimen para justificar los cambios en el PAJA, son sólo pretextos del gobierno Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 47 Notas para el debate federal para justificar los recortes al gasto social a favor de de los jornaleros y sus familias: En el caso por ejemplo, de los programas que se manejan a través de la SEDESOL. Cada vez el presupuesto dedicado para estos programas de la SEDESOL de jornaleros agrícolas (PAJA), se ve mermado cada año. Que porqué somos un sector que no merecemos el apoyo, que porqué tenemos los recursos nosotros mismos para hacerle frente a estas necesidades de mínimos de bienestar. Uno, ni somos los únicos responsables de atender estas necesidades de mínimos de bienestar para estas corrientes migratorias. Dos, no tenemos tampoco los recursos suficientes para atenderlos. Son miles de pretextos que pone el gobierno federal. Que dice que porque se construyen las casas en los terrenos próximos de las empresas agrícolas, pues la construimos en otro lado, en reservas territoriales, en municipales, donde sea. Pero no dejen de invertir, de atender por lo menos en vivienda, en educación. Hay campos agrícolas donde las trabajadoras sociales en su totalidad, los sueldos son cubiertos por la misma empresa. Es una responsabilidad compartida también con el estado mexicano, así debería de ser. Porque era en principio una responsabilidad tripartita: gobierno federal, gobierno estatal y productores. Ahorita es exclusivamente es bipartita. No importa, le seguimos entrando nosotros. En lugar de cada peso le poníamos una tercera parte, ahora ponemos la mitad, no importa, le entramos. Pero para poner esa mitad necesitamos que haya esa otra mitad con suficiencia y no la hay (Robles, 2009). Desde el nivel normativo central estas reorientaciones, tienen que ver con la búsqueda de eficiencia y de mayores resultados, mediante procesos que le permitan al PAJA garantizar la transparencia y la asignación de recursos directamente al beneficiario. Por lo que los tipos de apoyos que ahora otorga el PAJA, se concentran, prioritariamente, en el otorgamiento de paquetes de estímulos en las unidades de trabajo,6 y en la promoción de la asistencia y permanencia de las y los niños en la escuela en los albergues donde se concentran.7 En el caso de Sinaloa por decirte algo, había un recurso para uniformes. Se supone que hay una comisión que establece los acuerdos. Y se acordó en aquel entonces de que se iba a entregar en diciembre (…) se regresaron los migrantes a sus lugares de origen y los uniformes se quedaron. Entre otras cosas. En este ciclo, ni siquiera logotipo les pusieron, y en este caso la calidad de los uniformes fue muy 6 Los apoyos a alimenticios a las y los niños es por un monto máximo de $480 mensuales por niño en las unidades de trabajo y apoyos económicos de $800 por jefe de familia al arribo en las zonas de destino. Los estímulos que otorga el PAJA se entregan siempre y cuando el hogar beneficiado no reciba apoyos por parte del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que opera la misma SEDESOL y que exista disponibilidad presupuestal (Diario Oficial de la Federación, 2012). 7 Los montos de las becas varían dependiendo el nivel y el grado escolar. En educación preescolar se otorgan $128 por niña o niño, en educación primaria los montos van de $128 a $300 mensuales dependiendo del grado escolar (128 pesos primero, $139 segundo, $150 tercero, $175 cuarto, $225 quinto y 300 sexto grado), en educación secundaria para el primer grado $440 para hombres y $466 mujeres, para el segundo grado $465 hombres y $515 mujeres, y en el tercer grado los apoyos son de $490 para los hombres y $565 para las mujeres. Estos apoyos se entregan sí los menores asisten regularmente a la escuela con no más de 3 faltas injustificadas al mes (Diario Oficial de la Federación, 2012). Iberofórum. 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Pero no llegan a tiempo los apoyos (…) ya para cuando llegan ya ni están, ya se fueron. Tienen muchos problemas de operación (Gómez, 2009). Adicionalmente, El PAJA sigue ofreciendo algunos apoyos para infraestructura en las Subregiones de Atención Jornalera (SRAJ) con la participación de los gobiernos locales (estatales y municipales) o de terceros. En zonas de origen, apoya a través de las Unidades de Servicios Integrales (USI) para las estancias temporales y el tránsito migratorio de las familias y, en zonas de destino a través de los proyectos de infraestructura en campos agrícolas y albergues: “(…) será obligatorio que incluyan aportaciones adicionales a los recursos federales, de por lo menos el 50% del costo total del proyecto, aportados por los productores u otras instancias” (DOF, 2012: s/p). Las acciones que se realizan para el desarrollo de la población jornalera migrante (servicios de acompañamiento, de participación y promoción social, especiales para contingencias durante el tránsito migratorio, para potenciar el desarrollo, y estudios e investigaciones) y la continuidad de las medidas de PAJA y las reformas que actualmente se impulsan mediante el otorgamiento de apoyos directos y económicos, no son suficientes para contrarrestar la pobreza en la que viven los grupos jornaleros migrantes y sus familias. La precariedad en los montos de los apoyos, la insuficiencia de los paquetes de estímulos, la falta de oportunidad en su distribución y, en general, la limitada eficiencia y eficacia en la operación del programa, poco contribuyen a contrarrestar la miseria. Ante el desdibujamiento del Estado y la falta de capacidad del aparato gubernamental, así como la insuficiencia y los reducidos alcances de estas políticas asistenciales, los jornaleros se transforman en migrantes y sus familias en sujetos menesterosos de la caridad, condición por demás alejada de la ciudadanía. Es una, destinada hacia los más pobres y los más necesitados, que no son
reconocidos como sujetos de derechos, sino como seres pasivos, que no piden, que no
exigen, y que permanecen en espera de la dádiva oficial. Y a la vez que se cambian los
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Notas para el debate
derechos por las caridades, el Estado sigue buscando mecanismos para hacerse presente
frente en enraizado andamiaje económico y político que genera la desigualdad inmoral e
injusta en la que viven y vivirán, generación tras generación las familias jornaleras
migrantes.
La capacitación de los jornaleros y la certificación empresarial como líneas de
acción gubernamental
Las diversas instituciones vinculadas con el bienestar de las familias jornaleras
migrantes, frecen una amplia variedad de modalidades de capacitación.8
La mayoría de
los programas, contemplan como una de las líneas de acción más importantes, el
impartir cursos, talleres, formación de grupos, reuniones, jornadas y pláticas
informativas sobre distintos aspectos relacionados con la salud, la alimentación, la
crianza de los hijos, los valores, las actividades productivas, los derechos humanos, y un
sin fin de temas diversos, de poca utilidad para moderar la pobreza estructural y la
explotación de son objeto las familias migrantes, independientemente de cualquier
evaluación sistemática sobre el impacto real de estas acciones:
Ya empiezo, yo a platicar los temas que va a dar uno cada mes. Y desde que empezamos a dar
sobre la preparación del terreno, antes de la siembra de mayo, preparar el terreno, barbecho,
parcelas, siembra, control de maleza, control de plagas, enfermedades, de fertilización de cultivo.
Ahorita voy a dar el tema manejo de cosecha, y pos de todo esto (…).
Mucha de esta gente, todas las casas que tienen no los sacas de aquí. Los trabajos que realiza allá,
algunos se van a Estados Unidos, y los que andan por acá nomás trabajan y regresan. Y no´mas se
dedican echando trago, toman y se emborrachan. Eso si....si es un problema difícil (…).
Es que la gente de aquí, cuando llegas por primera vez si se te juntan. Pero la segunda vez, te
empiezan a decir: “Que beneficio me va a traer, que va a ver dinero”. Yo no te puedo hablar de
dinero, y le empiezo a decir que nada. Y ahí es donde se van. Les digo: Sino como un
complemento para apoyarlo para que ellos produzcan, para que ya no vayan a otro lado a trabajar.
¡A aquí también se puede sembrar la milpa! Si -dicen que si- pero no lo hacen! (Oropesa, 2008).
Y no obstante los pocos resultados, se sigue enfatizando en la formación de capital
8
Por ejemplo en el caso de Guerrero, el Programa de Servicios Emergentes de Bienestar Social a los
Pueblos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado (SAI); el Programas “Vete sano y
regresa Sano” de la Secretaría de Salud Estatal (SS); el Programa de movilidad laboral del Sector
Agrícola de la delegación local de la STyPS; y Programa de Fertilizantes de la Secretaria de Desarrollo
Rural (SEDER) y lo mismo sucede con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. A nivel federal,
la STyPS a través del Grupo Intersectorial para Apoyo a los jornaleros Agrícolas y sus Familias diseña el
un programa para estos fines. El PAJA de la SEDESOL a través de las Acciones de Promoción y
Participación Social pretende: “(…) fortalecer las habilidades y competencias sociales de la Población
Jornalera Agrícola, realizadas a través de la Red Social, en temas que inciden en el empoderamiento
agentico de dicha población” (DOF, 2012: s/p).
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Notas para el debate
humano como un medio fundamentar para contrarrestar las condiciones de miseria en la
que vive este sector de la población nacional: “(…) dentro de la estrategia de atención a
jornaleros, nosotros estamos marcando cuatro programas como Secretaría (STyPS), que
son: el diseño, propuesta e implantación de un modelo de certificación y acreditación
de habilidades y certificación de competencias laborales para jornaleros agrícolas. Esto
es algo inédito en México (…)” (Olivier y Baeza, 2008).
Se observa la generalización de la “capacitación de los más pobres como medio
para contra restar la pobreza” -que más allá de la calidad y pertinencia que puedan
tener los contenidos, las estrategias y los agentes que la imparten, así como la
duplicidad de esfuerzos institucionales con la consecuente derrama de recursos públicos
que existe - entre otras causas, debido a la falta de mecanismos de coordinación
interinstitucional-, poco beneficia a los jornaleros y sus familias, dadas sus
circunstancias de vida y trabajo, pero fundamentalmente, por la falta de eficacia y lo
poco que aporta la capacitación de los jornaleros para la resolución de sus necesidades
de sobrevivencia.
No les estamos generando una cultura de que tienes que desarrollar más habilidades y aprender a
hacer otras actividades que te permitan tener una mejor condición de vida. ¿Cómo puedes ir
generando ese crecimiento o ese desarrollo en el jornalero? Obviamente tienes que involucrar al
doscientos por ciento a la empresa. Porque de nada sirve enseñar si la empresa no está en
condiciones de mejorar la cuestión salarial. ¡Tengo gente más calificada así de sencillo!.
Hablamos de certificaciones del año del calcetín que pues si sonaba muy bonito. Está muy bien
teóricamente hablando pero en la práctica, si al trabajador no le genera una mejor condición salarial,
en su remuneración pero pues así sigue estando del mismo tamaño. Y puedo tener mucho más
capacidad de trabajo, de generar producto, de ser productivo, como ustedes lo quieran poner y a la
mejor tengo la vocación y lo quiero hacer. Pero a la vuelta, al final de cuentas pues si estoy dando a
ganar, me siento muy bien, estoy certificado pero no le estoy llevando a mi familia o no estoy
generando un patrimonio con el que yo diga: ¡Qué bueno que estoy certificado …! (Shimizu, 2009).
No se niega la importancia de la formación para el desarrollo humano, para la
productividad y el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, no se puede dejar de reconocer la
validez de las acciones gubernamentales en este ámbito, siempre y cuando estas acciones
formen parte de estrategias integrales y de largo plazo para impulsar el bienestar social de
las familias. Lo que preocupa es que este tipo de intervención gubernamental sustituya las
acciones radicales que debieran realizarse por parte del Estado, para impulsar una
verdadera política pública incluyente, imparcial y redistributiva que haga valer los
derechos de los jornaleros migrantes como ciudadanos. Y más aún cuando, ante las
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Notas para el debate
dificultades que tiene el aparato gubernamental para hacer cumplir la Ley y hacer valer los
derechos de los jornaleros migrantes, desde diversas instituciones se diseñan e
instrumentan estrategias, que instrumentan acciones remediales terminan por favorecer
verdaderamente a las empresas agrícolas.
Acciones gubernamentales para la certificación empresarial
De acuerdo con las atribuciones jurídicas asignadas por la administración pública federal,
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) le corresponde: vigilar la
observancia y la aplicación de los estatutos legales establecidos en materia de trabajo en
todo el país. Además, por disposición presidencial en año del 2007, en esta instancia
gubernamental se establece un grupo intersectorial, al que se le asignó la responsabilidad
de diseñar una Estrategia para atender a los jornaleros agrícolas y sus familias.
9
Este
grupo intersectorial, coordinado por la STyPS, participan más de diez dependencias
oficiales.10 Durante casi dos años de trabajo, uno de los logros más destacables es el
avance para establecer acuerdos políticos para evitar la duplicidad de funciones entre las
mismas instituciones, tanto a nivel federal como estatal. Asimismo se avanza en el diseño
de varias propuestas, entre otras, en la orientada a cómo erradicar el trabajo infantil. Hay
interés por parte de las dependencias, y políticamente se expresa la voluntad para realizar
acciones coordinadas en beneficio de los jornaleros y sus familias. No obstante, la
coalición gubernamental no ha podido desincorporar a los niños y las niñas del trabajo en
los campos agrícolas, para garantizar el acceso, la permanencia, y la continuidad de estos
menores a la escuela.
Entre una gran lista de acciones estatales pendientes, frente un sector que desde
siempre ha sido olvidado por parte de la política gubernamental, que hoy pretende
visibilizarse mediante estrategias, que denotan la debilidad del Estado, ante el poder
generado por la acumulación del gran capital y como resultado del modelo económico
9 Además de las acciones que debiera realizar la STyPS en apoyo a los jornaleros agrícolas migrantes a
través de las Dirección General de Inspección Federal Laboral y de la Coordinación General del Servicio
Nacional del Empleo.
10 A la ya larga lista de instituciones (SEP, CONAFE, SEDESOL, SSA, IMSS) que tradicionalmente
trabajan con el sector, se suman la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de (SAGARPA), la Secretaría de Gobernación (SG), El Consejo
Nacional de Población (CONAPO), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CNDI), entre otras.
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Notas para el debate
predominante:
El Artículo 123 Constitucional prohíbe expresamente el trabajo infantil en menores de 14 años, y
vamos a aplicar el artículo y a aplicar la ley. Llegamos con el empresario y le decimos “Te vamos a
sancionar porque tienes niños trabajando”. “¡No, yo no quiero que trabajen. Sino no les doy trabajo
el papá se va a otro campo! También algunos productores se agarran y dicen “No, yo le pago al papá
el niño nomás le ayuda”. No hay muchos estudios que detallen hasta dónde llega el límite del trabajo
de ayuda del niño a su familia o sobre el valor de una labor formativa del niño que haga un quehacer
de ayuda, a un trabajo remunerado. ¿Por qué entonces el niño está trabajando sin paga? La paga se la
dan al papá, es un problema bien complejo.
No es una cuestión de sancionar. ¿A quién sancionamos? ¿Al papá jornalero? ¿Por qué lleva a su
hijo a trabajar? ¿Por qué si a él le da la mitad del salario de la familia? –Y un salario que apenas
alcanza para sobrevivir, no es muchísimo-. De aquí que entendamos que el problema es muy
complejo. Estamos buscando alternativas a este problema.
De aquí que uno de los programas que estamos desarrollando ahorita es un modelo, que vamos a
llamar “Modelo de empresa agrícola libre de trabajo infantil”, con posibilidad de un proceso de
etiquetar y generar una etiqueta “Producto agrícola libre de trabajo infantil” (Olivier y Baeza, 2008).
En un Estado de Derecho, donde se establecen normas jurídicas que deberían de
aplicarse con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, a fin de
regular la distribución de los beneficios y sancionar el incumplimiento de las
obligaciones, en el caso de los jornaleros, y más específicamente frente a la explotación
laboral de sus hijos. El Estado en lugar de sancionar como sería su facultad, busca
alternativas indirectas que le permitan “convencer a las empresas”, a través de la
certificación empresarial, como un medio para contrarrestar la explotación de la mano
de obra infantil, cuando la ocupación de la fuerza de trabajo de los menores está
prohibida en los estatutos jurídicos vigentes en el país:
(…) nosotros pensamos que si pudiéramos generar que las empresas agrícolas que no tengan niños
puedan pasar por un proceso de certificación, obtener un certificado, generar una norma. Hay una
norma, la norma SA8000, que habla sobre la empresa socialmente responsable, y tiene mucho que
ver con esto, en uno de sus apartados dice: una empresa socialmente responsable no tiene niños.
(…) el empresario le puede dar un valor agregado a sus productos y le va a decir al que le compra:
“Oye espérame, mi producto no es igual. No es igual esta botella que esta otra que dice que no la
trabajó ningún niño o esta que la trabajó un jornalero certificado (Olivier y Baeza, 2008).
Estas estrategias gubernamentales federales, no sólo se observan en lo que refiere al
trabajo infantil. En el sector salud, en el estado de Sinaloa, se utiliza la certificación
empresarial para poder abonar en el cumplimiento de las líneas rectoras y objetivos del
sector relacionadas con la promoción de la salud, la higiene, los ambientes saludables, la
prevención, el seguimiento y curación de padecimientos de los jornaleros agrícolas y
sus familias en los albergues y en las escuelas. El Programa Vete Sano Regresa Sano
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Notas para el debate
(VSRS) de la Secretaría de Salud (SS), en coordinación con otros programas locales del
mismo sector, realiza acciones importantes orientadas hacia la certificación de las
empresas agrícolas.
En lo que es para entorno de ambiente, allí entra la Comité Estatal Para Riesgos e Insumos
Sanitarios (COEPRIS) con nosotros. Porque ahí les checa que la calidad del agua que están
consumiendo es para consumo humano, tanto como para bañarse, lavar sus trastes, lavar la ropa,
les revisa todo eso. Las condiciones de los sanitarios, los registros, revisar baterías, revisar la
cocina. Hacen una revisión exhaustiva de todo el campo. Eso en cuanto ambiente. (…) para
certificar el campo como un “Campo con albergue agrícola saludable”.
Esa es la finalidad del programa que estamos trabajando, precisamente para que se mejoren las
condiciones del jornalero. (…) incluso estamos también pensando en mandar a hacer unas
etiquetas en donde digan: “Campo con albergue agrícola saludable” para que las pongan en sus
cajas donde van a exportar su producto. Entonces sí les sirve de mucho este programa porque ya
ahí vamos a estar cien por ciento seguros de que su población agrícola está sana (Gutiérrez, 2009).
Las políticas estatales certificadoras de las empresas agrícolas agroexportadoras,
complementan los procesos de certificación privada que se autofinancian los mismos
corporativos, obligados por los mecanismos reguladores de competencia en el mercado
internacional. A mayor certificación mayores garantías para la venta de sus productos,
aunque en ello se invierta no sólo más recursos empresariales, sino también los escasos
recursos públicos, en detrimento de una inversión social que beneficie directamente a
las familias jornaleras migrantes.
Las empresas hortícolas agroexportadoras ante las presiones del mercado
internacional
Con la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), se benefició a un pequeño segmento de agroexportadoras en el país.11 Esto
agudizó el proceso de polarización y concentración de la producción agrícola por parte
de las empresas agroexportadoras, fundamentalmente hortícolas, ubicadas en algunos
estados del noreste del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit y
11 En México, la polarización de la agricultura en función del destino de la producción, se expresa en los
siguientes datos: “El 45.9 por ciento (1 757, 611) de las unidades productivas reportan producir sólo para
el autoconsumo familiar, el 43.4 por ciento (1, 663,308), además del autoconsumo, venden su producción
en el mercado local o nacional y sólo el 0.3 por ciento (11,744) de las unidades reportan vender en el
mercado nacional y/o exportar su producción. Sin embargo, si restamos los estados productores de café,
donde encontramos esencialmente minifundistas que pueden declarar que se exporta su producción,
quedan solamente 3, 451 empresas que exportan parte o toda su producción y representan el 0.09 por
ciento del total de unidades de producción agropecuaria-forestal del país” (Cartón de Grammont,1999:5 y
6).
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Notas para el debate
principalmente en Sinaloa.12 No obstante los beneficios recibidos y el posicionamiento
de las empresas hortícolas en el mercado internacional (Cartón de Grammont, 1999,
2007; Ibarra, 2005), actualmente los productores agroexportadores de hortalizas en esta
entidad última entidad federativa, señalan que enfrentan problemas y exigencias muy
complejas.
Por una parte, ante la retirada del proteccionismo estatal y de los subsidios
gubernamentales, denuncian que la agricultura comercial no cuenta con una política
pública integral y de largo plazo para impulsar la productividad y la promoción de los
productos agrícolas, a pesar de que algunas empresas han logrado altos niveles en el uso
de tecnología de punta y en los estándares de productividad, a la par de los alcanzados
por los principales socios comerciales (Estados Unidos, Canadá). Por otra parte,
productores de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa
(CAADES), señalan que para la agricultura de exportación, los costos de producción
son cada vez más altos comparativamente con los de los socios comerciales, dado el
incremento de los precios de los insumos básicos en el país (semillas, fertilizantes,
refacciones, maquinaria, combustible, costos de administración, impuestos, créditos,
entre otros) (Pompa, 2009; Acosta, 2009). A la vez que los precios de los productos que
se exportan se fijan según las oscilaciones financieras del mercado internacional
(Gaxiola, 2009).
Si bien, la agricultura de exportación genera ganancias extraordinarias para los
productores,13 la naturaleza cambiante de los múltiples factores externos como internos
12 Sinaloa es la principal entidad federativa productora de hortalizas, donde se estima una superficie total
cultivada de 50, 000 hectáreas. En cuatro municipios (Culiacán, Navolato, Guasave y Ahome) se
concentran las empresas agroexportadoras dedicadas a la producción de hortalizas, razón por lo cual cada
temporada agrícola demanda una gran cantidad de fuerza de trabajo, que excede a la oferta de la mano de
de obra local: “En Sinaloa hay un promedio de 160 empresas establecidas, las que utilizan en forma
intensiva fuerza de trabajo en las actividades agrícolas que no pueden ser sustituidas por procesos
mecánicos. Asimismo, existen cerca de 200 campos agrícolas, que de acuerdo con el número de
trabajadores empleados durante la temporada hortícola pueden clasificarse en pequeños (menos de 100
jornaleros y jornaleras), medianos (de 100 a 299 jornaleros y jornaleras) y grandes (más 300 jornaleros y
jornaleras). Según el PAJA sobre un total de 107 campos agrícolas que se ubican en diversos municipios
de la entidad, 4 pueden clasificarse como pequeños, 25 medianos y 78 grandes, dentro de estos últimos
existen 25 campos en los que trabajan entre 600 y 1 000 jornaleros y jornaleras, y 18 que emplean más de
1 000 jornaleros y jornaleras agrícolas” (Ortiz, 2009:10).
13 Para el año 2007, en Sinaloa solamente en la producción del tomate: “(…) se cosecharon 316 mil 828
toneladas de tomate, que representaron ganancias por 572 millones de dólares, según la Confederación de
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES)” (Díaz, 2009:64.) En documental video
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Notas para el debate
que intervienen en el proceso productivo y de comercialización, hacen que este negocio
sea de alto costo y riesgo para los productores:
El alza del petróleo, la sobrevaluación del peso, la situación económica de Estados Unidos y el
problema de salmonelosis, son factores que afectan el entorno de la cadena de estos cultivos. (…)
el alza del petróleo provocará un aumento en los costos de producción. Los precios de los
fertilizantes nitrogenados, han aumentado en un 100 por ciento y un 70 por ciento otros
fertilizantes, así como los agroquímicos, los plásticos para acolchados, malla- sombras e
invernaderos, mangueras para riego por goteo, la rafia y otros insumos derivados del petróleo. Otro
factor adverso (…) es el tipo de cambio, la sobrevaluación del peso, que está afectando al sector
exportador (García, 2009).
En un contexto de grandes asimetrías productivas y comerciales, las empresas
agroexportadoras enfrentan, en condiciones desventajosas, las exigencias de la
competencia del mercado internacional y el impacto negativo que ha generado la
disminución creciente de apoyos financieros al campo por parte del Estado.14 Para poder
competir en el mercado internacional, las grandes empresas hortícolas están realizando
un proceso de reestructuración productiva sin precedente, que ha decir de Hubert Cartón
de Grammont (1999), se centró en la racionalización del uso de los insumos y en el uso
de la maquinaria, pero fundamentalmente, en la racionalización de la fuerza de trabajo.
Adicionalmente hoy en día, algunas de las principales agroexportadoras, instrumentan
una serie de cambios organizativos que indirectamente benefician a los trabajadores
estacionales y sus familias, en aras de mejorar la calidad de sus productos y elevar sus
rendimientos ante las presiones de un mercado de consumidores cada vez más
exigentes, y de los productores con los que compiten en los Estados Unidos:
En el caso de las hortalizas y de los productos de importación, estamos sujetos también al mercado
libre, es decir, al mercado internacional. Es una agricultura de mucho riesgo, es una actividad que
requiere de muchos recursos, con una complejidad mucho más intensa y profunda que la
agricultura de grano. Estamos sujetos a presiones permanentes (…). Esto nos obliga a incurrir en
mayores costos de producción para llegar a estos mercados, mercados muy exigentes. Él que
supervisa de la calidad, de la inocuidad y de la responsabilidad social de los productores.
Por un lado, el mercado nos exige una mejor calidad, mejores controles, mejores tipos de empaque
gráfico, se ofrece el dato de que en una sola empresa, la Agrícola Buen Año se gana un promedio de 72
000 dólares al día durante su época de cosecha que dura de 4 a 6 meses (Halkin, 2009).
14 Según datos que se difundieron en el 2008, un productor en Estados Unidos recibe 20 mil dólares al
año en subsidios, 18 mil mdd de apoyos directos que otorga el gobierno de EU a sus productores, a
diferencia de los 700 dólares que recibe un mexicano. Según las declaraciones de Víctor Suárez, dirigente
de la Asociación Nacional de Empresas Productoras del Campo, algunas de las desventajas señaladas es
que: “Los agricultores mexicanos no pueden competir con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá,
quienes cuentan con todas las facilidades. Los apoyos directos que EU otorga a sus productores han
subido casi 50%, según la Confederación Nacional Campesina. En contraste, los subsidios en México
crecieron 18%, dirigidos sobre todo a 4 productos” (El Universal, enero del 2008: s/p).
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y mejor comercialización, mejor logística, mejor de todo. El mercado es lo que constantemente nos
exige. En términos de inocuidad, cada vez son más los requerimientos. En los empaques, que cada
vez cuenten con mejores instalaciones. Hay algunos empaques ya, que usted entra y haga de
cuenta que esta entrando casi, casi a la sala de operaciones de un hospital. A ese grado hemos
llegado. Claro, hemos de reconocer que no todas las empresas tienen esos niveles pero se
encaminan hacia allá. En ese sentido, quienes quieran permanecer en este negocio tendrán que
encaminarse hacia allá, en este sentido de la inocuidad.
En términos de responsabilidad social también. La cuestión de la mano de obra (…) las hortalizas
son un negocio que requiere mucha mano de obra, y no tenemos la oferta suficiente. Es por ello,
que se requiere la mano de obra de otros estados de la República. Y aquí cada vez estas empresas,
se han venido equipando y adaptando a las necesidades que este fenómeno multifactorial (Robles,
2009).
Desde el punto de vista de las empresas, las unidades productivas tienen que enfrentar
no sólo las presiones y las denuncias que le llegan del exterior, sino además las
consecuencias generadas por el incremento y los cambios en el fenómeno migratorio,
que han complejizado la relación capital-trabajo, debido a la falta de apoyos
gubernamentales para la atención de las necesidades de las familias jornaleras agrícolas:
(…) hace treinta años los jornaleros inmigraban al estado de Sinaloa -al sector hortícola- solos. No
traían a sus familias, venían solos. Eso generaba un tipo de problemática mucho más simple y
sencilla de lo que actualmente tenemos que enfrentar. Después trajeron a su pareja, después a los
hijos, a la familia, y después, actualmente traen hasta más. Ya viene toda la familia. ¿Qué pasa?
Una empresa que hace diez años podía satisfacer los mínimos de bienestar de estos jornaleros y
que tenía ocupados, por hablar de un número, a cien jornaleros, tenía infraestructura para esos cien
jornaleros. Ahora, son los mismos cien jornaleros pero con necesidades de guardería, con
necesidades de escuela, de aula, con necesidades de consultorios médicos (Robles, 2009).
Las empresas agroexportadoras, muestran inconformidad ante el Estado por el
incremento de los insumos productivos agrícolas; por la falta de rumbo de la política
agropecuaria; el retraso y los insuficientes programas para el campo; y las reformas que
proponen la reducción gradual de los montos en los apoyos para los grandes productores
(García, 2009a; Vega, 2009), además cuestionan la escasa participación del Estado en el
bienestar social de las familias jornaleras migrantes. Particularmente, enfatizan la falta
de atención gubernamental para esta población en las zonas de origen:
Hay una incapacidad del Estado mexicano de atender a este gran segmento de mexicanos, que no
los ha atendido y, mucho menos resuelto en sus lugares de origen. Si estos mexicanos tuvieran la
manera de que sus familias tuvieran los mínimos de bienestar en sus lugares de origen, no vinieran
con toda la familia. Vinieran a trabajar solos. Si tienen la necesidad de venir a trabajar con sus
hijos es porque no encuentran trabajo allá. Vienen para (…) satisfacer necesidades de trabajo,
económicas. Porque además, de que aquí trabajan seis meses, construyen ahorros que les permiten
comer los otros seis meses en sus lugares de origen (Robles, 2009).
Ante las tendencias del mercado global, y particularmente ante las nuevas formas que
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regulan la competencia en el mercado, algunos empresarios agroexportadores
instrumentan nuevas estrategias organizativas y prácticas de gestión corporativa con un
tinte social. Las nuevas modalidades regulatorias de la economía de mercado, los induce
a modificar los procesos de producción y comercialización orientados por una política
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).15 Que a decir de José Luis Solís (2008),
es un como una forma de enfrentar los factores negativos
generados por el propio funcionamiento del sistema económico, y que no han podido ser
resueltas por el mercado ni por el Estado, ante el debilitamiento de sus instituciones en
el marco de las políticas neoliberales:
En ausencia de este clima, fundamental para la acumulación del capital, los costos de transacción
tienden a elevarse en función directa de la mayor complejidad del sistema económico y social. El
mercado encuentra así sus propios límites, tornándose a la larga un mecanismo crecientemente
costoso para el propio capital. Si, por alguna razón, el Estado es igualmente incapaz de asegurar
dicho clima social, que minimice los costos de transacción y evite la erosión de la rentabilidad del
capital, le corresponde entonces a la propia empresa capitalista asumir esta función (Solís, 2008:
239).
La adopción de estas Políticas en el estado de Sinaloa, no es asumida por todas las
agroexportadoras de hortalizas,16 además de que su instrumentación es parcial y de
manera diferenciada. Las respuestas de las empresas varían en función de: la capacidad
financiera y rentabilidad de la empresa; el nivel de dependencia económica de la
empresa frente al mercado internacional; el tipo de vinculo de la empresa con la tierra
que siembran (es diferente la respuesta cuando el productor es propietario de la tierra a
cuando es rentada); el tipo y generación empresarial al que pertenezca el productor; la
disposición de los empresarios para enfrentar los costes económicos derivados de las
15 Esta tendencia que surge inicialmente de manera voluntaria o discrecional, y que hoy se ha convertido
en una norma obligada en las económicas desarrolladas, es decir como: “(….) una respuesta a la
necesidad de las empresas para mejorar su imagen externa ante sus clientes y proveedores, y fortalecer su
posición de mercado frente a sus competidores y que tuvo la virtud de volver más funcional su relación
con el entorno social y comunitario. Aparentemente, una mayor preocupación por los derechos de los
trabajadores, la adopción de medidas preventivas de seguridad para evitar o al menos reducir los
accidentes laborales, así como la aplicación de criterios no discriminatorios de género, raza, preferencias
sexuales o de culto religioso (…)” (Solís, 2008:231).
16 En Culiacán, Sinaloa, las empresas que se han documentando a través de visitas directas a las empresas
son: Agrícola Gama S. A. de C. V (Campo La Flor II) y la Agrícola Crisantes S. A. Existen otros trabajos
que han realizado estudios de casos sobre empresas socialmente responsables como son, el estudio de la
empresa Agrícola San Isidro (ASI) (Rodríguez, Borboa y Cereceres, 2007). Véase en 3er. Tercer Sector
Revista de Reflexión. Información especializada sobre filantropía OSC. Responsabilidad Social
Empresarial y Desarrollo Social, donde se documentan otras empresas ya certificadas: como la Agrícola
Gotsis S.A. de C.V., la Agrícola Paredes y la Agrícola Chaparral S. de PR de RL.
S. d
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prácticas socialmente responsables (inversión en infraestructura productiva y social,
contratación y capacitación de recursos humanos, pago de certificaciones sujetas a
auditorias nacionales e internacionales, prestaciones sociales y laborales para los
trabajadores, erradicación del trabajo infantil, entre otros); y la voluntad política de cada
empresario para sujetarse a los códigos de conducta socialmente responsable.
(…) hay gente que per se son personas responsables socialmente dentro de los agricultores (…).
Hay otros que a lo mejor las circunstancias, por ejemplo del mercado internacional, los han
obligado. Porque si quieres exportar necesitas tu certificación de que no tiene la plaga, de que se
hizo con agua limpia y tratada, o sea todo eso (…). Por un lado, hay productores jóvenes que
quieren tener una mejor empresa porque las circunstancias los han ido llevando a eso (…). No son
tantos. Por otro lado, hay mucho productor agrícola que la libra un año y la libra otro, y que no
tiene la misma capacidad que los grandes de hacer una infraestructura social o sea de primer
mundo. Que ahí van, que un año hacen una cosa y la siguiente temporada hacen otra. Pero no
pueden tener todos los servicios.
Es que le estás pidiendo a una empresa que tenga consultorio, aula, guardería, planta
potabilizadora, toda una infraestructura que no todos tienen, ni a todos les va igual de bien. Porque
a lo mejor uno tuvo chile y el chile no valió y valió el otro o no lo tuvo en el tiempo que tuvo valor
(…). Haz de cuenta que es la lotería, un volado que ese echan todos los años, y que cuando le
pegan le pegan. Pero hay veces, que es un año, dos años, tres años y no le pegaste y nada más vas
vendiendo poco, te vas sosteniendo a esperar que a que te toque. No son las mismas capacidades,
yo creo, de todos los productores (…) (Habermann, 2009).
Desde las empresas se reconocen las incapacidades financieras, logísticas y de
infraestructura en la mayor parte de los corporativos en el estado, para hacerle frente a
la compleja problemática que representa el bienestar social de las familias jornaleras. Y
manifiestan su inconformidad, al tener que dar respuesta ellos solos a las crecientes
necesidades del sector, sin la participación del Estado. En entrevista con Patricio Robles
Luque, Director General de la CAADES, señala: “Yo quisiera reiterar bien, que no le
sacamos a la responsabilidad de atender esta compleja problemática con orígenes
multifactoriales. Los productores le entramos pero también hay que ubicarnos en el
contexto de que al estado mexicano le ha fallado ahí (…). Lo decimos de frente al
Estado mexicano, nosotros tenemos responsabilidades cada vez mayores y las
atendemos cada vez más. Pero también necesitamos que el Estado mexicano le entre…”
(Robles, 2009).
Cambios en las empresas agro exportadoras
Adicional a los cambios en las condiciones tecnológicos de los espacios productivos
(campos agrícolas y empaques) para garantizar la inocuidad en las instalaciones,
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algunas de las prácticas en las empresas agroexportadoras orientadas hacia el bienestar
de las familias agrícolas migrantes, las identificamos en la inversión en infraestructura;
cambios en la organización y gestión de las empresas; y en una mayor preocupación por
la educación, la alimentación, y en la salud de los jornaleros migrantes y sus familias.
Mientras que al mismo tiempo permanecen las prácticas de explotación y la falta de
prestaciones laborales. La fuerza de trabajo de las familias jornaleras migrantes, que es
abundante y barata, sigue siendo el principal factor de competitividad para las empresa
agroexportadoras.
En lo que refiere a los cambios organizacionales, un elemento nuevo que
sorprende, es la incorporación de nuevos puestos de trabajo dentro de los organigramas
de las organizaciones de productores y en las empresas (Gerentes de responsabilidad
social, Responsables médicos sociales, Coordinaciones de bienestar social, entre otros),
y la contratación de profesionales que desempeñan funciones orientadas hacia la
atención y el bienestar los jornaleros y sus familias, actividades que dentro de las
empresas habían sido realizadas por trabajadoras sociales (anteriormente personal de la
SEDESOL y que a partir de los últimos años pasaron a formar parte de la plantilla de
los corporativos). Un agente que se desempeña en estos puestos, señala: “(…) el
objetivo general aquí dentro es buscar las alternativas para los trabajadores del campo y
sus familias tengan un mejor desarrollo humano. Incluso aquí en la empresa tenemos un
plan de trabajo integral y de desarrollo humano para todos los trabajadores (Noriega,
2009). Además las empresas agroexportadoras, manifiestan una mayor preocupación
por ampliar y mejorar los servicios educativos, que ya se venían atendiendo17 mediante
los distintos programas de instancias federales y estatales que se imparten para los hijos
de las familias migrantes (SEPyC, CONAFE, Instituto Sinaloense de Educación para
Adultos (ISEA), con el apoyo de las becas económicas que se distribuían por medio del
Proyecto Monarca de la SEDESOL y el Programa de Desayunos escolares del DIF
estatal):
Aquí en el campo la Flor, de 150 niños y sólo teníamos cuatro aulas educativas. Entonces lo
primero que fue, es diseñar un plan de atención de educación para los niños. Lo presentamos a la
17
Cabe señalar que en Sinaloa, es el único estado en el país donde las empresas apoyan con un 38 por
ciento en recursos económicos para el pago de los honorarios de los maestros, particularmente en el nivel
de educación primaria y para los maestros de la primera escuela secundaria recientemente establecida en
el ciclo escolar agrícola 2008-2009, en la Agrícola Gama S. A. de C. V. (Campo La Flor II).
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Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), porque era para nosotros la prioridad. Mis
jefes son unos empresarios muy responsables y bueno, la prueba esta de que podrás ver las
instalaciones, lo podrás constatar con las autoridades educativas, nosotros fuimos y solicitamos
que hacer para enfrentar esa problemática. Pedí que se nos asesoraran, cómo teníamos que
construir aulas y el empresario construyó tres aulas más. Con baños dignos para niños y niñas. Eso
fue en cuanto a infraestructura (Noriega, 2009).
Hay un especial interés por instalar servicios de guardería con “madres cuidadoras”,
para la atención de los menores de cinco años, a fin de evitar la presencia y los
accidentes de los infantes en los campos agrícolas. Asimismo, las empresas facilitan la
intervención de ONGs que realizan actividades formativas con la población migrante
(Save de Children, Fundación Caritas, Profamilia de Jornaleros).
En lo que refiere a la alimentación, algunas de estas empresas como la Agrícola
Gama S. A. de C. V. tienen comedores, tortillerías y panaderías dentro de los
campamentos. Aprovechan la infraestructura instalada con recursos que se
proporcionaron a través del PAJA de la SEDESOL, y han instaurado comedores para los
trabajadores y sus familias, donde los productores asumen parcialmente los costos de
los insumos alimenticios y la mano de obra, a fin de ofrecer una comida al día (la cual
llega a ser consumida sólo por una tercera parte de los trabajadores). En este tipo de
empresas, los jornaleros aportan cuotas por sus alimentos, lo que es descontado de sus
salarios: “(…) fue así como muy difícil. Porque el empresario decía: ¿Cómo se los voy a
descontar?, no quiero volver otra vez a la tienda de raya ¿Cómo les voy a descontar los
10 pesos de la comida? Se habló con la población en general, se hicieron reuniones y se
llegó al consenso que ellos si estaban de acuerdo, que dentro de la raya se les
descontaran los $10. Y de eso hace cinco años que empezó a trabajar el comedor. Esta
fue la quinta temporada y se lograron 50,000 platillos” (Noriega, 2009). Además, para
atender las necesidades alimentarias de la población, algunas de las empresas reciben
subsidios por parte del Patronato de la CADDES, y despensas (con un valor de $400) a
través del Módulo Nutricional del DIF. En el gasto de las despensas el productor cubre
una parte del costo total (25 por ciento el productor y el 75 por ciento el DIF de
Sinaloa). Estas despensas se distribuyen entre las familias que participan en el
Programa de Desincorporación de la Mano de Obra Infantil que coordina esta misma
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institución.18
Otro mecanismo de algunas de las empresas es, buscar apoyos privados o
públicos para complementar las dietas alimenticias. De esta manera, proveen
parcialmente los desayunos de los niños y las niñas que son asistidos en las guarderías.
Además, gestionan a través de la SEDESOL, la compra de leche Liconsa para que los
jornaleros puedan obtenerla a un precio más económico. También gestionan la entrega
de los desayunos escolares que proporciona el DIF.
Ante las presiones fitosanitarias, la salud de los jornaleros y sus familias adquiere
especial relevancia. Para ello, agrícolas como Gala, S. A., que llega a contratar hasta 1
500 jornaleros en la temporada alta, ha invertido en el mejoramiento de las viviendas de
los trabajadores:
(…) lo que corresponde a saneamiento ambiental, pues es todo lo que compete a las viviendas, a
todo lo que es infraestructura ¿Cuántas? Tenemos el módulo de salud, tenemos un comedor para
600 personas, tenemos una escuela primaria completa, con telesecundaria, jardín de niños,
tenemos una guardería, tenemos una tortillería, una panadería y aquí en este campo tenemos 207
viviendas.
En la empresa son tres campos, La Flor II, es Bellavista II y el campo Nueva Florida. ¿Ahí que
acciones hacemos en saneamiento ambiental? Pues primer lugar, todo lo que es el mantenimiento
de las instalaciones, llevar a cabo campañas que serían, pues la descacarización para prevenir el
dengue, el fumigado de las viviendas, las pláticas, los encalados de árboles. Más que nada en eso
en lo que se enfoca a lo que es saneamiento ambiental. Y luego tenemos salud y seguridad social,
aquí tenemos a una doctora que es la responsable de las acciones de salud en el campo (Noriega,
2009).
En el ámbito de la salud, las empresas agrícolas en el estado de Sinaloa, mantienen
desde hace más de 10 años, un conflicto jurídico con el Instituto Mexicano del Servicio
Social (IMSS), sin que a la fecha se puedan establecer acuerdos sobre la atención
médica de los trabajadores estacionales y sus familias.19 Frente al conflicto la CADDES
18 Este programa opera en Sinaloa desde los años noventas por parte del DIF estatal y va dirigido hacia las
familias migrantes con niños de seis a catorce años inscritos en la educación primaria. Y opera a través de
la coordinación interinstitucional entre el DIF Sinaloa, la SEPyC, CONAFE, la Asociación de
Agricultores del Río Culiacán (AARC), y tiene como propósito desalentar la incorporación de las niñas y
los niños al trabajo asalariado, y a su vez alentar la incorporación y la permanencia de los menores en la
educación primaria. Opera mediante el otorgamiento de apoyos económicos que se entregan a las
familias, siempre y cuando los menores asistan a la escuela.
19 Según Heriberto Millán Godínez (2009: s/p): “En la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó un dictamen para reformar diversas disposiciones de la
Ley del Seguro Social a fin de ampliar la cobertura de seguridad social a los trabajadores eventuales del
campo, pero aún sigue pendiente la iniciativa de reformar el convenio de pagos de cuotas de las empresas
agrícolas. En la Cámara de Diputados se pretende resolver un añejo problema que enfrentan los
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y los productores asociados a este organismo, se niegan a pagar las cuotas establecidas
por el IMSS, argumentando los elevados costos de las tarifas y la falta de capacidad (de
infraestructura y personal médico) de esta institución para atender las necesidades y
hacer cumplir con los derechos de los trabajadores: “(…) el Instituto Mexicano del
Seguro Social no tiene la capacidad de atender como se debe a esa población migrante
rural. El Seguro Social es una institución noble muy importante, que nació para atender
las necesidades urbanas pero nunca fue diseñado ni creado para atender las necesidades
en el medio rural. Sin embargo, lo pretendió pero lo ha hecho de manera deficiente”
(Robles, 2009).
Ante este desacuerdo, las grandes empresas agroexportadoras, aseguran a un
número muy reducido de trabajadores, y dependiendo de la capacidad financiera y
productiva de la empresa, ofrecen los servicios de salud por medio de convenios
establecidos con instituciones públicas y privadas (Hospital Civil de Culiacán, Hospital
General de la Cruz, Hospital Pediátrico de Sinaloa, Módulo de Nutrición del DIF,
Centros de salud), y mediante la contratación de médicos particulares y el
establecimiento de consultorios en los campamentos. Sin embargo, las acciones para la
atención médica siguen siendo insuficientes y de baja calidad para la mayoría de los
jornaleros migrantes y sus familias:
Hay campos que tienen, este médicos. Hay campos que no tienen médicos para que cura a los
niños. Ahí te enfermas, te mueres, ahí te vas hasta el hueco. Pero aquí igualmente. Allá, hay este,
pus hay agrícolas, se corta con tu hijo, con el hacha pues. Pero ahí no importas, cuando llega ahí
solito, no ‘pos la gente llega así, no importa, llega solita así. Llega otro, migrante pues, trabaja
uno, no importas. Llega con esto así, que te voy de un lado a otro. No tienen médico, no tienen
cualquiera ahí ¿no?. ¡Ahí se mueren los niños!. Este, pues no pues, no importas (…) (San Mateo,
2008).
Para enfrentar y dar respuestas a las normas de higiene, se realizan en los
campamentos agrícolas diversas actividades ofrecidas por el propio personal de la
empresa o por las distintas dependencias públicas para modificar los hábitos y las
costumbres alimenticias, sanitarias y educativas, y en esta medida, tratar de cumplir
con las normas fitosanitarias y de calidad de los productos, además de que benefician
directamente a los trabajadores y sus grupos familiares. Como señala un directivo de la
empresa Agrícola San Isidro: “(…) se han implementado talleres o pláticas de
empresarios agrícolas, particularmente de Sinaloa, Baja California y Sonora, en torno al monto de las
cuotas que deben cumplir con el IMSS y que no ha sido resuelto en más de una década”.
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sensibilidad, para tratar de convencer a los trabajadores de que utilicen los servicios
sanitarios móviles para que hagan sus necesidades fisiológicas. Hemos tenido que
implementar pláticas, para convencerlos de que sus hijos tienen que estudiar, que su
hijo tenía que estar en la guardería y limpio, que el producto tiene que estar limpio, y
que él tiene que estar limpio también, que tenía que lavarse las manos antes de entrar a
trabajar” (citado por Rodríguez et al., 2007:6 y 7).
Desde una teoría económica convencional: “(…) la empresa es una entidad que
conforma, bajo un mando vertical y unificado, una unidad productiva con el único fin de
obtener un beneficio económico derivado de la venta de lo producido en el mercado. En
ese sentido, y más allá de toda consideración moral o filantrópica, es la búsqueda de la
ganancia individual para el beneficio propio, lo que lleva a la empresa -de acuerdo a la
célebre metáfora de Adam Smith sobre la mano invisible- a la satisfacción de las
necesidades sociales y al bienestar social” (Solís, 2008:238). Desde esta perspectiva, la
inversión de las empresas en el bienestar social de las familias jornalera migrantes, es
vista en términos de rendimiento y de costo-beneficio. Es decir, esta inversión
representa que asumen las agroexportadoras a fin
de maximizar su competitividad y sus ganancias. Sin embargo, no se puede dejar de
reconocer que existen casos extraordinarios de algunos productores, quienes no actúan
sólo orientados por una racionalidad económica individualista, si no que tienen un
sistema de valores y actitudes personales más humanas, así como vínculos afectivos con
su tierra y relaciones personales con ciertos trabajadores. O bien los productores,
desempeñan puestos públicos dentro del sistema gubernamental estatal, razones todas
en su conjunto, que los llevan a tomar algunas decisiones, que si bien son por intereses
económicos inicialmente, de manera indirecta benefician a los jornaleros estacionales y
sus familias.
Reflexiones finales
Como resultado del impacto de las políticas neoliberales, el diseño de las políticas
públicas y las acciones gubernamentales dirigidas hacia los jornaleros agrícolas
migrantes han adquirido nuevos contenidos y complejas formas de institucionalización,
vinculadas a intereses políticos y económicos representados por los organismos
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internacionales y por sectores que han detentado el poder económico y político como
son las empresas agroexportadoras nacionales y de capital extranjero.
El Estado, a través de sus instituciones y programas sociales, impulsa acciones
en apoyo de los jornaleros agrícolas mediante programas laborales y sociales
descoordinados, dispersos, con escasos recursos y de muy bajo impacto, que poco
contribuyen a contrarrestar la pobreza, la marginación y la exclusión social de las
familias jornaleras migrantes, y que en el mejor de los casos ayudan a legitimar a un
que cada vez más deja de ser un Estado protector y regulador de las
relaciones dentro de la sociedad. Por otra parte, la empresa agrícola, dependiendo de su
poder económico y político local y nacional y del tipo de vinculación productiva con el
mercado internacional, negocia con el sistema gubernamental el otorgamiento de
algunos servicios sociales (de apoyo a la alimentación, de salud y educativos), así como
cumplimiento discrecional de sus obligaciones patronales y de seguridad social para los
jornaleros agrícolas migrantes y sus familias. Así mismo, como resultado de las
presiones ejercidas por las dinámicas y los mecanismos de regulación y competencia del
mercado internacional, a partir de los últimos años algunas agroexportadoras impulsan
una serie de cambios en los procesos productivos, de gestión administrativa y en las
condiciones materiales de los campamentos. No obstante que se permanecen
inalterables la organización y uso de la fuerza de trabajo de estas familias, principal
insumo de competitividad. Estos cambios han beneficiado indirectamente a las familias
jornaleras agrícolas en términos de un mínimo acceso a los servicios de salud y
educativos, mientras que se conservan intactas las condiciones precarias de trabajo.
Así, la facultad normativa y reguladora del Estado como la inversión social para
fomentar el desarrollo, da paso a la aplicación de diversos esquemas de convencimiento
humanitario de los empresarios y de dispositivos de beneficio indirecto para los
jornaleros y sus familias, que en última instancia facilitan la capacidad de respuesta de
las empresas agrícolas ante las exigencias impuestas por la competencia en el mercado
internacional. Mientras, los jornaleros agrícolas migrantes (hombres, mujeres, niñas y
niños) sobreviven esclavizados y sufren la exclusión en todas sus diferentes formas de
expresión, sin que existan instancias jurídicas eficaces que les ayuden a defender sus
derechos como trabajadores, migrantes y ciudadanos.
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Teresa Rojas Rangel “[…] cuando la migración no es movimiento progresivo, sino resultado de una catástrofe social, no es posible normalizarla ni dignificarla. Se pueden atenuar los dolores, pero el remedio de fondo está en otra parte, en atacar las causas de la expulsión y no sólo los efectos” (Armando Bartra, “Dislocados” en La Jornada. Migración. México, 2 de julio del 2008). Resumen n México, se adolece de una verdadera política pública integral que permita dignificar las condiciones de vida de las familias jornaleras agrícolas migrantes y, en su lugar, se instrumentan un sin número de programas sociales de corte asistencial, cuyos resultados, poco han podido contrarrestar las condiciones de pobreza y desigualdad en las que viven estas familias. Por otra parte, las empresas agroexportadoras ante las exigencias impuestas por la competencia en el mercado internacional, se han visto obligadas a invertir en infraestructura y al otorgamiento de algunos servicios sociales, particularmente educativos y de promoción de salud para los jornaleros y sus familias, acciones que en sí mismas representan una garantía para incrementar su rentabilidad. Dentro de este contexto, en este artículo se presenta un análisis sobre los cambios más recientes en la política social y en las acciones gubernamentales y empresariales dirigidas hacia el bienestar social de las familias agrícolas migrantes. Quienes no obstante estos cambios y acciones, permanecen al margen del ejercicio de sus derechos fundamentales como son la salud, la educación y el trabajo decente. E Teresa Rojas Rangel Docente-Investigadora de la Universidad Pedagógica NacionalAjusco. Maestra en Planeación y Desarrollo Educativo por la UAM-X y Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Entre sus publicaciones recientes se encuentra: “Migración, trabajo y educación: las y los niños recolectores de café en Puebla” en Revista Entre Maestros. Vol. 12 Núm. 41, Verano, 2012, México, UPN, pp. 34-43; Inequidades. La educación primaria de niñas y niños jornaleros migrantes. Horizontes educativos, Docencia, 2011, México, UPN. E-mail: tererojas10@yahoo.com Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 36 Notas para el debate Palabras claves: Migración interna, bienestar social, Estado, familias jornaleras, empresas agroexportadoras. Abstract: In Mexico, a comprehensive Public Policy attending the amelioration of condition of life of the migrant farm worker’s families is missing. Instead, the State had orchestrated a number of social welfare programs that has been insufficient to reverse the condition of poverty and inequality characteristic of these laborers and their families. On the other hand, the requirements imposed to local companies by the competition in the international market, force them to invest in infrastructure and to offer the provision of some social services, particularly in health an education. These measures are taken in order to guarantee the increase of profitability. In this context, this article presents an analysis of the most recent changes in Social Policy and government and business actions oriented to the welfare of agricultural migrant workers and their families. Even with these changes, however, the migrant workers and their families remain excluded of the exercise of fundamental rights as health, education and decent employment. Key words: Internal Migration, Welfare, State, Migrant Agricultural Families, Commodities Companies. Presentación Durante la última década en México, la migración rural-rural vinculada al mercado de trabajo agrícola presenta cambios significativos. En primera instancia, podemos señalar variaciones asociadas al rápido y progresivo aumento de la población rural e indígena incorporada a los diversos flujos y rutas migratorias. Esta situación se encuentra relacionada a la creciente precarización de las condiciones de vida y trabajo en sus zonas y comunidades de origen. Como segunda instancia, podemos mencionar los procesos de reestructuración productiva y los mecanismos de reorganización realizados por las empresas agrícolas para poder enfrentar las exigencias de la productividad y la competitividad en el mercado internacional. El tercer tipo de cambios está relacionado al impacto generado por las actuales reorientaciones de las políticas públicas y las acciones gubernamentales dirigidas hacia la población jornalera agrícola migrante y al sector agrícola empresarial. El propósito de este artículo es presentar cómo se expresan estos cambios, particularmente, los que tienen que ver con el progresivo adelgazamiento de las Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 37 Notas para el debate funciones del Estado ante el bienestar social de los trabajadores estacionales del campo y sus familias, en las zonas de destino migratorio. Cuestiones que se pueden observar a través del análisis de las directrices de las políticas sociales y en las acciones de los programas gubernamentales para la atención de este sector de la población nacional, como en las diversas estrategias que instrumentan algunas empresas agroexportadoras ante las necesidades crecientes por certificar sus productos como resultado de las presiones que le impone la competencia en el mercado internacional. En este trabajo se presentan una serie de hipótesis provisionales, que requieren de un desarrollo más profundo, el cual se está realizando mediante una investigación más amplia, donde se abordan distintos ejes de análisis vinculados con el mercado de trabajo agrícola y la exclusión social de los jornaleros agrícolas migrantes en México. En términos metodológicos, el enfoque que se utiliza en esta investigación es la hermenéutica. Entendida como un proceso de interpretación de la(s) realidad(es) social(es), donde el conocimiento se construye a través de la mirada, el sentir, y el pensar de los otros como partícipes y protagonistas de la realidad investigada. Para realizar el análisis, se recuperan las voces de algunos los principales actores involucrados con la problemática en estudio, recopiladas a través de entrevistas directas con jornaleros agrícolas migrantes, funcionarios públicos, gestores de programas sociales, y diversos agentes directamente relacionados con las empresas agrícolas en el estado de Sinaloa, principal entidad de atracción de fuerza de trabajo jornalera agrícola migrante, y en el estado de Guerrero, región que hoy registra la mayor tasa de expulsión de población que se incorpora a la migración interna rural-rural y al mercado de trabajo agrícola en el país.1 Las familias agrícolas migrantes En las últimas décadas, el desempleo y la precarización creciente en las condiciones de vida en los estados más pobres del país (Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre las entidades 1 Los datos empíricos que son recuperados para la formulación de este artículo, son resultado de la recopilación de información y trabajo de campo realizado durante el periodo 2008-2010, en el marco de la investigación Los jornaleros agrícolas: migración, mercados de trabajo y acciones gubernamentales en Sinaloa y Guerrero, que fue presentada como Tesis de Doctorado en la Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Rojas, 2010). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 38 Notas para el debate federativas con los más bajos índices de desarrollo), han forzado a cientos de miles de familias rurales e indígenas, a migrar hacia zonas rurales con mayor desarrollo económico, con la finalidad de incorporarse al mercado de trabajo agrícola. Según datos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) existen en el país 70 zonas agrícolas, que por sus características productivas, demandan una alta proporción de fuerza de trabajo jornalera estacional (Sedesol, 2006). Se estima que en el país hay dos millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas que, sumados a los miembros de sus familias, constituirían una población “de más de nueve millones de personas en hogares jornaleros (9 206 429 personas con un promedio de 4.51 personas por hogar jornalero)” (SEDESOL-ENJO, 2010: s/p). Los jornaleros migrantes y sus familias son sujetos económicos con una alta capacidad productiva por su continua participación en las actividades en el campo (Ortega, Castañeda y Sariego, 2007). Son una mano de obra especializada que es explotada como parte del proceso de acumulación de capital de la empresa agrícola (Lara, 2003; Sánchez, 2007; 2008). Las familias jornaleras migrantes viven en condiciones absolutamente precarias (vivienda, salud, alimentación, educación) y sobreviven explotados enfrentando de manera cotidiana a la discriminación, el racismo; y la violación recurrente a sus derechos sociales, jurídicos y políticos. La fuerza de trabajo de estas familias representa una mercancía (Astorga, 1985), y un medio más (tierra, agua y renta del capital) para la expansión y acumulación del capital agrícola. Y no obstante, la importancia estratégica que tiene su mano de obra para la agricultura mexicana (Ortega et al., 2007), es un sector de la población que sigue excluido y al margen de los beneficios sociales. La gente sabe que no hay nada, nada de por acá. Migra mucho la gente y lo estamos pasando mal. Y llegamos, el lugar donde estamos sudando, migrando y lo estamos pasando igual. Lo estamos pasando igual pues, por ser indígenas que nosotros no sabemos. Nos maltratan los patrones, y a veces te manda esa agua, a veces no te manda agua con pipa de esa sucia, a veces no se lava la pipa. Allá los campamentos donde te lleva, te regañan feo pues. Los patrones hacen lo que ellos quieren (…) pues ya es tiempo que los niños migran mucho también. Entonces el padre de familia va a buscar lo que se pueda, a piscarle o a lo que sea (Guzmán, 2008). Existen en México un mínimo de 434 961 familias en permanente movimiento entre las zonas de origen y las zonas receptoras. Estas familias, conforman un grupo heterogéneo, Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 39 Notas para el debate es población joven, en su gran mayoría no mayor de los 30 años. Por grupos de edad, el 36.6 por ciento son menores de edad entre 0 y 15 años, el 32.7 por ciento tiene entre 16 y 30 años, el 21.1 por ciento de 31 a 50 años, el 8.3 por ciento de 51 a 80 años (1.3 por ciento no proporcionaran información). Migran en una mayor proporción los varones (54.6 por ciento) frente a las mujeres (44.1 por ciento) (SEDESOL, 2010). Según esta misma fuente oficial, se estima una participación a nivel nacional de un 40 por ciento de población indígena dentro de los contingentes migratorios (SEDESOL-ENJO, 2010: s/p), aunque en algunas regiones de atracción, esta proporción se eleva considerablemente.2 Presentan altos índices de analfabetismo; viven en condiciones insalubres y en hacinamiento; con falta de servicios básicos y de protección social tanto en sus comunidades de origen como en las zonas de destino; están atrapados en mecanismos informales de trabajo (acuerdos verbales a través de los terceros y pago a destajo), existen diferentes sistemas de intermediarios que ejercen diversos mecanismos de control económico y social tanto en las comunidades de origen como en los albergues donde se concentran; la segregación y la segmentación del mercado de trabajo agrícola los ubica en los eslabones más bajos y en condiciones de semiexclavitud (los más afectados son los niños, las niñas, las mujeres y los monolingües en lengua indígena); el aislamiento en el que viven y trabajan les impiden ampliar sus redes sociales más allá de sus comunidades y los campamentos; funcionan al interior de redes de parentesco y paisanaje lo que incide en sus patrones migratorios y formas de inserción laboral; carecen de organizaciones sociales que presionen para hacer cumplir sus derechos (Ortiz, 2007). Los flujos migratorios en los que se insertan estas familias presentan dos características particulares: la primera, es que migran en su mayoría en grupos integrados por comunidades y familias completas, más del 80% viven en hogares familiares nucleares (Cartón de Grammont et al., 2007); y la segunda, es la incorporación prematura e ilegal de sus hijos a las redes del trabajo infantil, como 2 Se reportan altas concentraciones de población indígena de hasta un 70 por ciento en la Costa centro de Nayarit y hasta más de un 80 por ciento en la región lagunera de Coahuila (SEDESOL, 2006:.6). En investigaciones recientes identificamos la presencia de más del 90 por ciento de población indígena en las fincas cafetaleras en el estado de Puebla (Rojas, Rivero, Pérez y Franco, 2011). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 40 Notas para el debate mecanismo de las familias para aumentar sus precarios ingresos: (…) se trata de configuraciones familiares que se establecen ad hoc para migrar. Familias nucleares y extensas, algunas veces acompañadas de otros parientes y paisanos, familias con jefatura femenina, grupos de parientes y paisanos que se unen para migrar, grupos de hombres o de mujeres solas. La mayoría de las veces, dichas familias comparten un techo y hasta el mismo fogón, lo que nos ha llevado a reconsiderar la manera de concebir un hogar o al grupo doméstico, como estructuras flexibles que se adaptan a los procesos migratorios y se recomponen constantemente en su ir y venir (Cartón de Grammont et al., 2007:14). La gran mayoría de estas familias se inserta en los flujos migratorios pendulares.3 Salen de sus comunidades de origen una vez concluido el ciclo de cosecha en sus comunidades de origen (maicero fundamentalmente). Un menor porcentaje decide quedarse a radicar en las zonas de atracción: “Hay “migros” (se refiere a migrantes) que si se quedan. Por la sierra tuvimos una familia que se quedan allá. Porque no hay granos y pa´ venir acá. Ya, si no traís dinero acá. ¿Acá que vas a comer? Mejor prefieres estar allá, trabajando allá y de que vas pasando pus´ pa´ la comida” (Pastrana, 2008). En las zonas de atracción, las familias jornaleras migrantes y asentadas viven hacinadas dentro de los campos agrícolas, en cuarterías o en colonias de reciente creación edificadas en las periferias de los centros productivos, en moradas reducidas (en muchos casos construidas con láminas de cartón), frecuentemente con piso de tierra y sin suficientes servicios médicos y sanitarios. En un campamento de una importante empresa agroexportadora del estado de Sinaloa, donde llegan a instalar hasta quinientas personas, la encargada del bienestar de los trabajadores comenta: “(…) el campo cuenta con cuatro galeras, que vienen siendo las viviendas. Son cuartos de material con techo de lámina. Son cuartos aproximadamente de cuatro por cuatro, con una cortinita de dos por cuatro, eso viene siendo la vivienda de ellos. Son cuatro galerones que constan de veinte cuartos cada uno, aproximadamente cada galerón. Cuentan con un módulo sanitario, que consta de aproximadamente de ocho baños, ocho regaderas y el área de lavaderos (Niebla, 2009). En la mayoría de los campos agrícolas, su trabajo es temporal y a destajo, y las 3 Existe una gran heterogeneidad en cuanto a la duración de las estancias de las familias jornaleras en las zonas de destino, ya que su permanencia en estas regiones depende de la mano de obra requerida por cada cultivo, de las condiciones productivas por temporada agrícola, y de la comercialización de los diferentes productos. Investigaciones recientes de Sara Lara Flores (2008; 2009) y Kim Sánchez (2007; 2008), muestran los encadenamientos que existen entre los diferentes flujos migratorios y los cambios en los tiempos de estacionalidad que están generando a raíz de los procesos de reestructuración productiva, la descentralización territorial, y el incremento de la agricultura protegida que impulsan las grandes empresas agrícolas. Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 41 Notas para el debate contrataciones son verbales. Se emplean en labores que van desde la preparación del terreno, hasta el cuidado, recolección, carga y cosecha de los cultivos en zonas de alta y mediana producción agrícola. El salario es precario y depende de la cantidad de producto que la unidad doméstica recolecte diariamente: (…) el 57 por ciento se emplea en los cultivos de chile y tomate. El 90 por ciento de los jornaleros agrícolas carece de contrato formal; 48.3 por ciento de los jornaleros tiene ingreso de 3 salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos, y el 54. 8 por ciento de los jornaleros están expuestos a productos agroquímicos de forma cotidiana. Del total de jornaleros agrícolas se estima que 727 mil 527 son niños, niñas y adolescentes de los cuales el 60 por ciento están incorporados al trabajo remunerado, realizando otros oficios (10 por ciento) o al trabajo doméstico (30 por ciento)” (SEDESOL-ENJO, 2010:s/p). De manera frecuente, el salario familiar lo cobra el jefe de familia (quien es la única persona reconocida como trabajadora). Existe una organización de la fuerza de trabajo al interior de la propia familia, que en ciertos contextos agrarios, es funcional a la explotación de todos los miembros de la unidad doméstica. El padre o jefe de familia, es responsable capacitar y de regular la participación de la familia al mercado de trabajo, en función de la demanda de mano de obra que se requiere en las diferentes etapas de ciclo productivo (Arroyo, 2001). Un factor importante, que sustenta la flexibilidad laboral del mercado de trabajo agrícola, es la maleabilidad de las configuraciones familiares que se organizan, adaptan y refuncionalizan a las demandas de fuerza de trabajo, lo que facilita una mayor explotación, particularmente de mujeres (Lara, 2003, Canabal, 2006, 2006a, 2007; Barrón 1999, 2007), y de las niñas y los niños que provienen de estas familias (Guerra, 1998; Rodríguez y Corrales, 2000; López, 2002, 2006, Sánchez, 2002; Rojas, 2006; Becerra y et. al., 2007; 2008, Díaz, 2009). El trabajo estacional propio de los ciclos productivos agrícolas, tanto en zonas de origen como en zonas de atracción, no sólo le permite a la empresa disponer de la fuerza de trabajo en la cantidad y en el tiempo que la requiere. Sino que además, la ocupación de las mujeres y los niños le ofrece un mayor control sobre la mano de obra, a la vez que le permite reducir los costos de producción y eludir el precio de reproducción de la fuerza de trabajo. Costos que son asumidos por la propia unidad familiar durante los tiempos que permanecen en sus comunidades de origen y durante los periodos de estancia en los campos agrícolas. Estos trabajadores eventuales del campo y sus familias están sometidos a las lógicas de la flexibilidad laboral intensiva y a la segmentación del Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 42 Notas para el debate mercado de trabajo agrícola (Lara, 2000; Rojas, 2009). Desdibujamiento del Estado y la política social para los jornaleros agrícolas migrantes En el marco de la crisis económica global, el pensamiento crítico en México subraya la crisis política y social, y el severo deterioro, la decadencia y la disolución del Estado en el país (Covarrubias y Botello, 2009; Aziz, 2009; Ávalos, 2009). Este debilitamiento, obedece a un proceso histórico, cuyo origen se remonta al periodo de creación y consolidación del Estado Moderno Mexicano, y que en los últimos 30 años se agudizado paulatinamente debido al fracaso de las reformas neoliberales. Para Aziz Nassif (2009), el deterioro severo que vive el Estado mexicano se debe, entre las principales causas estructurales a: los cambios en las políticas públicas y la pérdida de la capacidad para la toma de decisiones autónomas del Estado, como resultado del proceso de inserción del país al modelo económico global; la fuerte dependencia de la económica nacional frente a los Estados Unidos, que dificulta la construcción de una agenda bilateral para la resolución de algunos de los grandes problemas nacionales, como es el caso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el fenómeno migratorio; la actual política de seguridad pública que criminaliza a los sujetos, genera desconfianza en las instituciones públicas, y debilita la calidad de los lazos sociales; la reconfiguración de los poderes de la República (particularmente en lo que refiere a la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo); el empoderamiento de los poderes fácticos; la carencia de instrumentos institucionales para alcanzar una mayor gobernabilidad; la falta de seguridad y protección ciudadana; los vacios y las malas prácticas de la ley y en la impartición de justicia; y en general, debido a la creciente pérdida de gobernabilidad, estabilidad y democracia con un sistema político cada vez menos legítimo. En este contexto político nacional, el deterioro y adelgazamiento de las funciones del Estado se expresa, entre otras formas, en la carencia de políticas públicas para los sectores más pobres del país. En su lugar, se observa la instrumentación de múltiples programas asistenciales o de “caridad”, incapaces de favorecer el bienestar de los grupos excluidos y marginados de la sociedad. Lo que contribuye al Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 43 Notas para el debate empoderamiento de diversos actores sociales, políticos y económicos (empresas agrícolas, agentes de intermediación, partidos políticos, caciques locales), con intereses particulares, que en la mayoría de los casos luchan por la conservación del status quo. Mientras que el Estado, sólo está preocupado por legitimarse a través de programas sociales, que poco ayudan a contrarrestar las causas estructurales que generan y reproducen la desigualdad económica y social existente, y que tienen a varios sectores de la población viviendo en la explotación, en la exclusión social y en la extrema pobreza. El abandono y la invisibilidad, que sufren las familias agrícolas migrantes por parte del sistema gubernamental, siempre han estado presentes en la historia de la migración interna del país. Sin embargo, como resultado de las crisis económicas y políticas, que acontecen en la actualidad, este abandono e invisibilidad presentan nuevas características. Desde hace más de tres décadas, el Estado mexicano impulsa una política pública asistencial, formalmente orientada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los jornaleros y sus familias, así como, para ampliar la equidad social con este grupo social históricamente vulnerado. Para ello, se han instrumentado diversos programas federales como estatales, con el propósito de favorecer el desarrollo social de esta población (alimentación, salud, educación, vivienda, empleo), tanto en las zonas de atracción como en las de origen, y para mejorar las condiciones en el traslado de las familias migrantes. Esta política asistencial se construye en un paradigma hibrido. Por una parte, conforme a lo establecido en los principios constitucionales vigentes, en el discurso político se reconoce el papel distributivo del Estado y de la política social, en el acceso universal al bienestar de todos los ciudadanos, independientemente del sexo, del origen étnico y social. A la vez que, desde los años 80 como en muchos países de América Latina (Duhau, 2001), en México los programas de bienestar social dirigidos hacia los sectores más desfavorecidos, se instrumentan con un paradigma orientado hacia la focalización y la “compensación de las desventajas”; bajo criterios cuantitativos arbitrarios que califican a los individuos que deben ser asistidos, mediante programas públicos que Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 44 Notas para el debate están normados por la selectividad del gasto social, y desde donde, se pretende dar respuesta a las necesidades elementales de las familias más pobres: El costo social que trajo aparejado el proceso de apertura comercial y de reestructuración del aparato productivo, que se inicia desde principios de los años 80, motivó que la preocupación se desplazara hacia los síntomas de la exclusión. En el contexto de este debate –destinado a redefinir las políticas asistenciales e impulsar el desarrollo de acciones «compensatorias»– el concepto de focalización ocupó un espacio relevante y se convirtió en una herramienta cada vez más ponderada para racionalizar el gasto social (Candía, 1988:1 y 3). En el actual gobierno, cobran especial relevancia los cambios en la política gubernamental, políticamente encauzados a “erradicar el asistencialismo” hacia los jornaleros, y la población indígena en general. El asistencialismo, pretende ser sustituido por una política donde el Estado tiene muy poco margen de acción, y los individuos son los responsables de alcanzar su propio bienestar. Como refiere el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado de Guerrero:4 (…) no más paternalismo, no más asistencialismo, sino que los indígenas lo que requieren es presupuesto para trabajar, para mejorar sus condiciones de vida. De otra manera seguirá siendo una inversión reconocida como un gasto social, más no una inversión para la búsqueda de la productividad de los pueblos indígenas. (…) de que si no hay capacitación técnica para la implementación de los proyectos, tampoco es válido. No se trata de llegar a regalar el dinero, de regalar los insumos o regalar los materiales, sino se trata de dar un acompañamiento técnico especializado para adecuar los proyectos y definir los proyectos de acuerdo a la vocación productiva de la localidad en donde se va hacer (de la Cruz, 2009). En esta concepción política, la pobreza no es reconocida como resultado de la injusta distribución y concentración de los ingresos, sino como producto de la incapacidad de las personas para desplegar sus capacidades productivas. Como señala Emilio Duhau (Duhau, 2001:316), en esta concepción de política social: “(…) ello significa afirmar que la pobreza no se combate a través de mecanismos que busquen redistribuir el ingreso, sino de otros orientados a habilitar a los pobres (brindarles las oportunidades) para que puedan ser productivos.” En este marco político hibrido, varios de los principales programas nacionales para la atención de las familias jornaleras migrantes,5 así como los que se instrumentan 4 El estado de Guerrero, ocupa el primer lugar en expulsión de mano de obra jornalera migrante en el país, con casi 40 000 trabajadores durante la temporada agrícola 2006-2007, de los cuales el 67 por ciento se trasladaron al estado de Sinaloa. (SEDESOL-Guerrero, 2008a). 5 Entre los programas federales vigentes más relevantes para la atención de este segmento del población, destacan: el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) coordinado la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) orientada hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los jornaleros; en cuestiones alimentarias el Programa de Desayunos del Sistema de Desarrollo Integral para el Desarrollo Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 45 Notas para el debate en los estados, presentan transformaciones importantes, en cuanto a los principios políticos que los fundamentan sus líneas de acción y en las funciones que realizan los actores que los operan: (…) antes la atención a los jornaleros podría decir yo que era mejor, porque tratábamos tanto de incorporarlos a los servicios como de que aprendieran a leer y a escribir, como también de involucrarnos con ellos en su cultura, sus problemas, tratar de apoyarlos. Eso ya se ha perdido, ahorita con los modelos que han entrado ha ido cambiado todo. ¿Por qué? Porque ahora te piden más lo que son los números, te presionan más sobre la mesa, y uno deja a un lado muchas cosas, aparte de que no te apoyan, que incluso no hay material (…) (Casemán, 2009). Se ha reducido la canalización de recursos públicos para la infraestructura social y los servicios comunitarios; los subsidios para la vivienda, para la alimentación, para la salud; y demás acciones concretas que los programas venían realizando, y en su lugar se observa una fuerte tendencia hacia la “capacitación” y la “certificación” de capacidades y competencias laborales de los jornaleros, y hacia la instauración de estrategias para apoyar los procesos de certificación empresarial. Reducción del gasto social y las acciones de caridad hacia las familias jornaleras Los propósitos centrales del programa gubernamental más importante para la atención del sector, el Programa de Apoyo para la Atención de los Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se modificaron de manera radical para el año 2009. Los objetivos, y por lo tanto las acciones institucionales, se redujeron considerablemente. El PAJA, dejo de comprometerse con el otorgamiento de apoyos e incentivos para bienes y servicios; la inversión para mejorar las condiciones de vida; y el desarrollo de diagnósticos y generación de datos sobre la población jornalera, y en su lugar se establecieron objetivos ambiguos (incluso en su formulación), orientados hacia la generación de “(…) condiciones para la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades de los jornaleros agrícolas y sus familias”, sin que se especificarán claramente, cómo se lograrían estos objetivos (Diario Oficial de la Federación, Martes 23 de diciembre de 2008). de la familia (DIF); en educación básica el Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Modalidad de Educación Multicultural para la Población Infantil Migrante (MEIPIM) del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); el Programa “Vete Sano y Regresa Sano de la Secretaría de Salud (SSA); y en materia de trabajo el Programa de Movilidad laboral Interna de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 46 Notas para el debate Por más de 20 años, una de las líneas de acción más importante - los programas de apoyo a los jornaleros agrícolas de la SEDESOL (con sus distintos cambios de nombre)- había sido el otorgar subsidios para apoyar el desarrollo de infraestructura social, a fin de mejorar las condiciones de las familias jornaleras migrantes dentro de los albergues (viviendas, comedores, guarderías, aulas y módulos para el otorgamiento de servicios sociales y de salud). La inversión se realizaba mediante una participación corresponsable y proporcional entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los productores agrícolas. Hoy, aunque se mantienen los gastos complementarios de inversión en infraestructura prioritariamente en las zonas de origen de los jornaleros agrícolas, se han cancelado los apoyos financieros para infraestructura que se les otorgaba a los productores agrícolas. Como señala una funcionaria del PAJA: Hay ahí un quiebre en la política hacia los jornaleros frente a las empresas. Cuando el programa empezó en el 89, que arranca en Sinaloa, la visión que se tenía era convencer al productor para trabajar. Que conociera nuestro esquema de promoción social y de trabajo, y casi tuvieron que rogarles a los empresarios para que permitieran una trabajadora social que iba a pagar SEDESOL. (…) hubo como un proceso de convencimiento de incorporación que se fue perdiendo. Porque cuando tú negocias con los productores para que mejoren, hagan mejoras en los espacios donde tienen a los jornaleros, en la negociación, quienes la llevan a cabo, se les pierde el sujeto de atención. Y a partir de esta administración hay un cambio, no les importa trabajar con los productores. […] yo siento que si antes permeaba mucho la preocupación de pelearnos con los productores. Así como que aprendimos que teníamos que tratarlos bien, porque si no, no nos iban a dejar trabajar con los jornaleros y, nos sentíamos así como con los dedos en la puerta. Y en esta administración (…) ellos parten de que prefieren entregar apoyos directos […] y creo que está bien, que hacer mejoras a los albergues (…). Y quizás toda esa lana o ese recurso hubiera estado mejor dándoles despensas, uniformes, becas más directamente al jornalero, que era mi sujeto de atención (Muñoz, 2008). El sistema gubernamental, reconoce como equivocadas las directrices políticas y las estrategias impulsadas por la SEDESOL durante las décadas que llevan operando los programas de atención a los jornaleros agrícolas: “(…) sí había una meta política de contener este sector de jornaleros y de generar una visión de política social hacia el sector. Pero en esa pinza, que era apoyar a los productores para lograr como un subsidio indirecto, y lograr que se mejoren sus condiciones de servicios, de vivienda, pues vas a tener en mejores condiciones a los jornaleros, pero finalmente, la responsabilidad era de los productores en un cien por ciento” (Muñoz, 2008). Desde la voz de las organizaciones de los productores agrícolas, los supuestos que se esgrimen para justificar los cambios en el PAJA, son sólo pretextos del gobierno Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 47 Notas para el debate federal para justificar los recortes al gasto social a favor de de los jornaleros y sus familias: En el caso por ejemplo, de los programas que se manejan a través de la SEDESOL. Cada vez el presupuesto dedicado para estos programas de la SEDESOL de jornaleros agrícolas (PAJA), se ve mermado cada año. Que porqué somos un sector que no merecemos el apoyo, que porqué tenemos los recursos nosotros mismos para hacerle frente a estas necesidades de mínimos de bienestar. Uno, ni somos los únicos responsables de atender estas necesidades de mínimos de bienestar para estas corrientes migratorias. Dos, no tenemos tampoco los recursos suficientes para atenderlos. Son miles de pretextos que pone el gobierno federal. Que dice que porque se construyen las casas en los terrenos próximos de las empresas agrícolas, pues la construimos en otro lado, en reservas territoriales, en municipales, donde sea. Pero no dejen de invertir, de atender por lo menos en vivienda, en educación. Hay campos agrícolas donde las trabajadoras sociales en su totalidad, los sueldos son cubiertos por la misma empresa. Es una responsabilidad compartida también con el estado mexicano, así debería de ser. Porque era en principio una responsabilidad tripartita: gobierno federal, gobierno estatal y productores. Ahorita es exclusivamente es bipartita. No importa, le seguimos entrando nosotros. En lugar de cada peso le poníamos una tercera parte, ahora ponemos la mitad, no importa, le entramos. Pero para poner esa mitad necesitamos que haya esa otra mitad con suficiencia y no la hay (Robles, 2009). Desde el nivel normativo central estas reorientaciones, tienen que ver con la búsqueda de eficiencia y de mayores resultados, mediante procesos que le permitan al PAJA garantizar la transparencia y la asignación de recursos directamente al beneficiario. Por lo que los tipos de apoyos que ahora otorga el PAJA, se concentran, prioritariamente, en el otorgamiento de paquetes de estímulos en las unidades de trabajo,6 y en la promoción de la asistencia y permanencia de las y los niños en la escuela en los albergues donde se concentran.7 En el caso de Sinaloa por decirte algo, había un recurso para uniformes. Se supone que hay una comisión que establece los acuerdos. Y se acordó en aquel entonces de que se iba a entregar en diciembre (…) se regresaron los migrantes a sus lugares de origen y los uniformes se quedaron. Entre otras cosas. En este ciclo, ni siquiera logotipo les pusieron, y en este caso la calidad de los uniformes fue muy 6 Los apoyos a alimenticios a las y los niños es por un monto máximo de $480 mensuales por niño en las unidades de trabajo y apoyos económicos de $800 por jefe de familia al arribo en las zonas de destino. Los estímulos que otorga el PAJA se entregan siempre y cuando el hogar beneficiado no reciba apoyos por parte del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que opera la misma SEDESOL y que exista disponibilidad presupuestal (Diario Oficial de la Federación, 2012). 7 Los montos de las becas varían dependiendo el nivel y el grado escolar. En educación preescolar se otorgan $128 por niña o niño, en educación primaria los montos van de $128 a $300 mensuales dependiendo del grado escolar (128 pesos primero, $139 segundo, $150 tercero, $175 cuarto, $225 quinto y 300 sexto grado), en educación secundaria para el primer grado $440 para hombres y $466 mujeres, para el segundo grado $465 hombres y $515 mujeres, y en el tercer grado los apoyos son de $490 para los hombres y $565 para las mujeres. Estos apoyos se entregan sí los menores asisten regularmente a la escuela con no más de 3 faltas injustificadas al mes (Diario Oficial de la Federación, 2012). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VII, No. 14. Julio-Diciembre de 2012.Teresa Rojas Rangel. pp. 35-71. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 48 Notas para el debate mala. Veíamos que también ahorita que existen muchos recursos. Anteriormente había, digamos era atractiva la beca Monarca para los niños, pero ahora es menos porque estos (se refiere al número de niñas y niños) se incrementan. Con el mismo recurso quieren hacer más. Son las cosas que a veces se manejan. En cuanto a las becas es diferente. Por ejemplo, hay de 150 pesos para algunos grados, 250, 750 para otros. Prácticamente, puedes decir que es mucho, pero no. Son muchas metas que cubren pero con poco. Entre el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el Programa de Educación Básica para las Niñas y los Niños de las Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), fueron como 3,000 y cacho. Pero no llegan a tiempo los apoyos (…) ya para cuando llegan ya ni están, ya se fueron. Tienen muchos problemas de operación (Gómez, 2009). Adicionalmente, El PAJA sigue ofreciendo algunos apoyos para infraestructura en las Subregiones de Atención Jornalera (SRAJ) con la participación de los gobiernos locales (estatales y municipales) o de terceros. En zonas de origen, apoya a través de las Unidades de Servicios Integrales (USI) para las estancias temporales y el tránsito migratorio de las familias y, en zonas de destino a través de los proyectos de infraestructura en campos agrícolas y albergues: “(…) será obligatorio que incluyan aportaciones adicionales a los recursos federales, de por lo menos el 50% del costo total del proyecto, aportados por los productores u otras instancias” (DOF, 2012: s/p). Las acciones que se realizan para el desarrollo de la población jornalera migrante (servicios de acompañamiento, de participación y promoción social, especiales para contingencias durante el tránsito migratorio, para potenciar el desarrollo, y estudios e investigaciones) y la continuidad de las medidas de PAJA y las reformas que actualmente se impulsan mediante el otorgamiento de apoyos directos y económicos, no son suficientes para contrarrestar la pobreza en la que viven los grupos jornaleros migrantes y sus familias. La precariedad en los montos de los apoyos, la insuficiencia de los paquetes de estímulos, la falta de oportunidad en su distribución y, en general, la limitada eficiencia y eficacia en la operación del programa, poco contribuyen a contrarrestar la miseria. Ante el desdibujamiento del Estado y la falta de capacidad del aparato gubernamental, así como la insuficiencia y los reducidos alcances de estas políticas asistenciales, los jornaleros se transforman en migrantes y sus familias en sujetos menesterosos de la caridad, condición por demás alejada de la ciudadanía. Es una
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